lunes, 30 de abril de 2012

La Marcha Patriótica en Colombia: De la miseria a la esperanza. " La unidad de la Izquierda es un gran desafío".

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Hace un poco más de una semana ha tenido lugar en Colombia la Marcha Patriótica, una masiva movilización popular promovida por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de partidos de la izquierda, que culminó en la histórica Plaza de Bolívar, justo al pié del Parlamento, la sede central del poder judicial y la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente Santos. La asistencia resultó masiva y sorprendió a todos, incluyendo organizadores, gobierno y al coro histérico de los medios de comunicación y los tribunos de la extrema derecha que encabeza el ex-presidente Uribe Vélez y que desde el comienzo vincularon la marcha con la guerrilla. Se esperaba la concurrencia de un par de miles, pero a Bogotá llegaron más de 50.000 personas (se habla inclusive de cien mil asistentes), de suerte que la plaza se llenó con el arribo de la primera de las tres grandes marchas programadas y la mayoría hubo de seguir el acontecimiento desde las calles aledañas. De nada sirvieron los operativos de intimidación mediante los cuales las fuerzas armadas intentaron impedir el desplazamiento especialmente de campesinos e indígenas, ni la campaña de miedo que buscaba reducir a mínimos la movilización de la población capitalina. La Marcha transcurrió en perfecto orden, no se produjo ni una sola detención “por alterar el orden público”, nadie se dejó provocar por los infiltrados oficiales que buscan reventar las manifestaciones populares y que con demasiada frecuencia terminan con alguien muerto, múltiples heridos y no pocos sometidos a juicios amañados.

La marrulla entretiene las audiencias endilgando culpas y desidias al azar. Y los peligrosos crédulos juran y re juran que es culpable el Polo más cruel, que jamás mereció ser partido y va por ahí engañando gobiernos… Algo así. De qué modo molestan las garantías y los equilibrios en este país y cuánto agradan los eufemismos que permiten tildar de contrarios a quienes no lo son. Tenemos de opositores a los que le protestan al gobierno por un ministerio, a lo sumo. A los que callan y otorgan. Y es oposición la que con otros hace lo mismo.  Al presidente Santos le gustan mucho ese tipo de retóricas justicieras del poder con falsos destellos de alternancias y participación. Cuestión que le viene de sangre, quizás, desde los tiempos del tío abuelo Eduardo, adalid y fundador del Frente Nacional, ese explícito reparto patrio de yo con yo durante 16 años. Gobierno, militares, grandes industriales y empresarios, altos dignatarios de la iglesia o las iglesias, también ven la más conspicua expresión de la democracia en esta uniformidad mal disimulada.  Expresiones nacidas y criadas en el subsuelo social, como la Marcha Patriótica y todo lo que arrastra de posibilidades, constituyen una amenaza para el statu quo.  Un sistema que ha hecho tantas cosas mal, que ha dañado a tantos y tan de seguido, tiene rabo de paja. Hay que reconocer que el presidente Santos lo sabe bien y actúa en correspondencia con ello. Es mas listo que varios de su clase y por eso hasta lo consideran traidor. Godofredo Cínico Caspa es uno de ellos.
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La Marcha Patriótica en Colombia: De la miseria a la esperanza.
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Lunes 30 de abril del 2012.
Juan Alberto Sánchez Marín (especial para ARGENPRESS.info)

La preventiva criminalización de la Marcha Patriótica, la puesta en circulación de toda clase de rumores asociándola con la guerrilla de las FARC, la exacerbada muestra por la televisión de pruebas de utilería al respecto, las declaraciones apresuradas del Mayor General Sergio Mantilla afirmando que la Marcha podría estar infiltrada o dando a entender que eso era un hecho porque existían bíblicas pruebas desde los tiempos de la operación Sodoma, revelan que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el estamento militar hacen un solo cuerpo en el propósito de cruzarle el pie a los marchantes.

Con una reelección aún no dicha por los medios, pero ya declarada por los hechos, un fenómeno social como la Marcha Patriótica alarma. En un país en el que la realidad apenas es lo que pasa de la clase alta para arriba o las salvajadas que algunos desadaptados de los estratos 0, 1, si acaso 2, cometen en riñas, atracos o contra sus propias compañeras (como si en los otros estratos la violencia intrafamiliar, por ejemplo, no fuera tanto o más grave), o en su papel de forzados reclutas víctimas o subversivos desalmados, asustan tantísimos actores sin guión, procedentes precisamente de la franja tan grande que es aquel país invisible. El negado, el innombrable.

No en vano se apresura (¿e improvisa?) el predecible movimiento de fichas ministeriales que apalancan las aspiraciones del presidente. O se sacan cien mil viviendas debajo de la manga. Cien mil que debieron ser más, porque si el déficit de vivienda alcanza 1,2 millones y crece al ritmo desaforado de 250 mil al año (sin tener en cuenta que hay 2,6 millones de compatriotas con la casa a punto de caerse, según el censo de 2005, lo que trasluce que unas cuantas ya deben estar en tierra), la cifra anunciada no pasa de ser un paño de agua tibia (1). O muchas menos si se nos ocurre relacionar la buena nueva con los 526 mil subsidios de vivienda prometidos por el gobierno en sus inicios, que ahora, quemada en pólvora la mitad del trayecto, a duras penas van por los 17.302 entregados. (2)

¿Bullaranga mediática contra una marcha que habla de una segunda y definitiva Independencia? ¿Zanahorias para despistar lo que puede ser un pensamiento con inusitada presencia en las urnas? Sea lo que fuere, acostumbrados como estamos a que el último en la cola se cuela de primero, pocas cosas tan molestas como un Movimiento de confluencias sociales y populares. El alcalde Gustavo Petro y sus progresistas le dejaron claro al país que una cosa es lo que indican las tendencias, los expertos y los medios masivos, y otra lo que dictamina la realidad. Una cosa piensa el burro, otra…

Muy grave en un momento en el que las encuestas no son halagüeñas para el gobierno y en el que el canto de sirena del TLC no tiene cuerda para hermosear nada. Ni siquiera a las mentiras del tratado le alcanza este gobierno a sacar provecho, pues a la mayor parte de los poquísimos sectores beneficiados los coge con los pantalones abajo y a todos con la estantería en el piso: Sin puertos, sin infraestructura vial ni ferrocarrilera, ni fluvial, mejor dicho, sin la pregonada prosperidad necesaria para tener una mínima competitividad, la que en medio del más escandaloso subdesarrollo debería presentársele (¿representársele?) a los Estados Unidos.
Ahora que el presidente empieza a terminar algunos platos de las viandas opíparas del poder, ve pender machetes de Damocles sobre su cabeza. Alguno penderá de un pelo de la crin de Crespón, que con unos cuantos meneos esquiva. Sin embargo, él es consciente de que la liebre salta desde cualquier matorral.

Una cosa es un twittero montado en un caballo, aunque de paso, muerto, y aunque algo azaroso manoteando sobre el lomo tieso, muy venido a menos, con los vasallos en desbandada o encarcelados, los alfiles prófugos, pagando escondederos a peso, y sus mafiosos, paramilitares y corruptos negociando gatos por liebres con el estado.
Y otro asunto son más de ochenta mil marchantes hastiados, desesperados, pateados, a la vez ansiosos por buscar otros caminos, dispuestos a andar cientos de kilómetros sólo para hacerse sentir diciendo a viva voz su trino desgarrado: “Estamos acá, ¿y qué?”. (3)
Más aún: Cuando ese conglomerado de gente no es una organización, sino más de mil setecientas; no es un gremio, sino muchos; no es un sector, sino todos; no es una región, sino Colombia.

La Marcha Patriótica, es verdad, tiene varios problemas elementales, de la misma manera que los tuvo la extinta Unión Patriótica, cuya falta de recordación sería inexcusable: Es legítima, constitucional y legal. Lo señala su propia Junta (4) y lo constatan los testimonios de trabajadores participantes, obreros, desplazados, estudiantes, indígenas, intelectuales, en fin, desperdigados en televisoras comunitarias, radios y demás medios independientes, cuyo compromiso con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado resulta evidente.

Problemas porque en Colombia la legalidad sirve para darle carisma a los entuertos, la Constitución para torcerla y saltársela, y apenas es considerado legítimo lo que convalida el desborde institucional y los abusos de quienes ejercen el poder.


En el movimiento popular La marcha Patriótica, también participaron activamente, población indígena y originaria, con fe y esperanza por su derecho al futuro.


Cualquier proyecto en contravía es un atropello a la razón. Fuera de la cerrada plataforma: Planteamiento de platelmintos.

Aquí la única oposición bien vista es aquella que hace parte del circo de la Unidad Nacional. Más avanzará a partir de hoy el ministro de vivienda Germán Vargas Lleras en la construcción de sus casas en el aire que lo que él mismo sentado en su oficina y con todo a la mano adelantó hasta ayer como ministro de Interior para dotar al país de un Estatuto de Oposición (y de gobierno, por supuesto).

La marrulla entretiene las audiencias endilgando culpas y desidias al azar. Y los peligrosos crédulos juran y re juran que es culpable el Polo más cruel, que jamás mereció ser partido y va por ahí engañando gobiernos… Algo así.
De qué modo molestan las garantías y los equilibrios en este país y cuánto agradan los eufemismos que permiten tildar de contrarios a quienes no lo son. Tenemos de opositores a los que le protestan al gobierno por un ministerio, a lo sumo. A los que callan y otorgan. Y es oposición la que con otros hace lo mismo.

Al presidente Santos le gustan mucho ese tipo de retóricas justicieras del poder con falsos destellos de alternancias y participación. Cuestión que le viene de sangre, quizás, desde los tiempos del tío abuelo Eduardo (5), adalid y fundador del Frente Nacional, ese explícito reparto patrio de yo con yo durante 16 años.

Gobierno, militares, grandes industriales y empresarios, altos dignatarios de la iglesia o las iglesias, también ven la más conspicua expresión de la democracia en esta uniformidad mal disimulada.

Expresiones nacidas y criadas en el subsuelo social, como la Marcha Patriótica y todo lo que arrastra de posibilidades, constituyen una amenaza para el statu quo.

Un sistema que ha hecho tantas cosas mal, que ha dañado a tantos y tan de seguido, tiene rabo de paja. Hay que reconocer que el presidente Santos lo sabe bien y actúa en correspondencia con ello. Es mas listo que varios de su clase y por eso hasta lo consideran traidor. Godofredo Cínico Caspa es uno de ellos (6).

En el mundo del póker, de faroles, semi – faroles y demás de Juan Manuel Santos, la Gran Revolución Agraria de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (7), las ayudas de Colombia Humanitaria para los damnificados por el invierno, los subsidios y créditos para la educación superior hasta del 100% para los estratos 1, 2 y 3, el generalizado rescate de pobres que evitando evasiones de impuestos hará chillar a 80 mil colombianos ricos, lo mismo que las cien mil casas gratis, no son otra cosa que aparentar mucho con nada o casi nada en las manos.

Ofertar harto para terminar dando menudencias al final de este período presidencial y generar la necesidad de la continuidad. El mismo truco que Uribe puso en práctica con represión cerril, Santos lo lleva a cabo con su “revolución” de naipes.

Estremece que esta Marcha Patriótica, al estilo de las de la primavera árabe, si bien puede ser una marcha de personas tajantes en el pensamiento, en las propuestas, no lo es de radicales en el comportamiento, como lo desearon unos, para haber desprestigiado y reprimido el Movimiento en ciernes desde antes de despuntar.

Viendo los riesgos de este Movimiento naciente, más que buscarlos atrás, en el pasado largo de un país que se reinventa día a día, o al lado, de donde muy probablemente habrán de venir las voces intimidantes, los ultimátum amenazadores, o, esperemos que no, las balas asesinas, el verdadero peligro yace alto: En fuerzas con mucha autoridad para la provocación y la descalificación. Porque ser siniestro en Colombia requiere un buen cargo, exige misa diaria, demanda tener medios o aparecer en ellos.

El presidente Santos se refirió hace un tiempo a la “mano negra” que amenaza la reparación de las víctimas y la restitución de sus tierras (8). Pues bien, ahora han de ser varias las fuerzas oscuras que no tardarán en empezar a operar (9). Como dijera alguna vez Otto Morales Benítez, la paz tiene “enemigos agazapados”. Él mismo fue uno de ellos cuando los procesos de paz de Belisario Betancur.

Están agazapados en las cumbres de las Fuerzas Militares, de la Procuraduría, de la Cámara de Representantes, del Congreso de la República y del mismo gobierno, o en sus casas por cárcel, o en complejos policiales, o en las presidencias y gerencias de grandes medios. O encubiertos en las oficinas de pujantes bancos e industrias, de las empresas multinacionales o de las embajadas amigas.
No son numerosos, no son tantos como los que tratan de hacernos creer y son muchísimos menos de los que ellos mismos creen que son. Pero tienen una enorme disposición para el perjuicio. Y en el río revuelto de la patria se les facilita poner en práctica su capacidad para violentar cualquier proceso que difiera de su ideología, un credo que no yace en el abstracto mundo de las ideas, sino en la tenencia de la tierra, la posesión de los capitales, el usufructo perpetuo de las riquezas, el absoluto control de los hilos del poder.

El principal mecanismo de obstrucción es la violencia, que tan bien nutren sus otros beneficiarios: los fabricantes, los traficantes, los negociantes, los usuarios de las armas. Pero la violencia tiene muchas formas y presencias, y la armada no es la peor ni la causa de nada. Es despojo, masacres, genocidios, sí, pero la acentúan y perpetúan leyes indebidas, errátiles interpretaciones jurídicas, amañadas disposiciones, constreñimiento de libertades, injusticias sociales de toda clase.
La Marcha Patriótica determinó el despliegue de miles de policía de élite. ESMAD que no pudieron desmadrarse. Tal vez el acaecimiento rápido de la Marcha no dio tiempo a otra clase de infiltraciones en realidad peligrosas, como ha sido tradicional en este tipo de manifestaciones populares, de elementos desestabilizadores que simulan la pertenencia a organizaciones armadas y justifican la represión.

Entonces hay que echar mano de otros recursos. La sospecha se transforma en el crimen. La rebelión, un útil comodín. Tres conversando en la esquina o dos chateando más de la cuenta (lo que se fija con facilidad según el número de bits trocados) son el intento de algo, después sabremos de qué. Convocar a una manifestación conduce a la cárcel y la resistencia pasiva es un delito, como lo pretende por estos días el ejemplar PP español (10).

Más allá de los importantes guías entroncados desde los inicios o que se han venido adhiriendo, el Movimiento que se avecina empezó a hacerse sentir desde hace años. No ha surgido por generación espontánea ni ha sido sacado de ningún sombrero.

Tal vez el presidente Santos escuchó no hace mucho sus pasos de animal grande, pero los movimientos sociales en Colombia tienen una larga tradición de organización y de lucha por la reivindicación de sus derechos. Y de un reguero de muertos a la vera de ese camino. Son movimientos de todas las clases, alcances y tamaños, que agrupan campesinos, indígenas, trabajadores, artistas, comunidades, en la Costas Pacífica y Atlántica, en los Llanos, en los Andes, al centro, en la región cafetera, en Chigorodó o en Bogotá.

La Marcha, que es Movimiento, que es Partido, de miles, cien miles, millones, y que será lo que sus componentes quieran que sea, expresa inclusión, dignidad y soberanía. El grito de Independencia de 1810 desembocó en una Patria Boba que todavía no acaba. Barak Obama, Leon Panetta, Ehud Barak, hasta Rajoy, acaban de visitarnos y de ratificar que nos siguen viendo como las colonias que nunca hemos dejado de ser: No somos los aliados, somos los sometidos. Y estas lomas y planicies están llenas de virreyes, fuerzas especiales extranjeras, transnacionales auríferas y petroleras, BM’s, FMI’s, USAID’s que lo reafirman.

Más de doscientos años después, es hora de otra cosa.

Los liderazgos significativos y reconocidos de Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Carlos Lozano, Andrés Gil, Gloria Cuartas, Jaime Caicedo, Patricia Ariza y otros voceros más, son sólo puntas de icebergs grandes, que vienen de lo más profundo y olvidado de este país, no tanto porque estén adentro (que lo están) de las selvas heridas y heredadas de José Eustasio Rivera, o en los vivos desiertos legendarios de la Guajira de Eduardo Zalamea Borda, o en los caseríos perdidos de ese Chocó que una vez asombró al joven Gabriel García Márquez, sino, sobre todo, porque están enfrente y no los vemos.

Vienen, más bien, de la ciudad de ciudades que representa la Bogotá de José Antonio Osorio Lizarazo, en la que están “esos antros de pobrería donde se aglomeran familias enteras con sus chiquillos, sus perros, sus cerdos y sus harapos”. No vamos ahora “a pasear un poco por entre la miseria”, como dice el olvidado escritor en sus Mansiones de Pobrería. (11) Ahora tanta miseria ha llevado a que un país entero salga a las calles y plazas y exista. Es la Marcha Patriótica en pleno Movimiento y con todo el calendario delante.
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La ex-senadora Piedad Córdoba, presidió la Gran Marcha Patriótica, donde miles llegaron a la Histórica Plaza Bolívar, con fe y esperanza en el Diálogo Nacional por la Paz.

Notas:

1) “En siete semanas estaría la 'primera piedra' de las 100 mil viviendas gratis”. Revista Semana. 26 de abril de 2012. http://bit.ly/Jtgvuh
2) Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el Congreso de la República de Colombia. 24 de abril de 2012. http://bit.ly/Imj4wk
3) Los grandes medios en el país reconocen la participación de la mitad (40 mil), lo que permite suponer que el dato divulgado por la Marcha se queda corto y que los congregados pudieron ser aún más.
4) Portal de la Marcha Patriótica. Comunicado frente a las afirmaciones del señor Presidente. http://bit.ly/IcBaGQ
5) Eduardo Santos Montejo. Presidente de Colombia entre 1938 y 1942. Dueño durante varias décadas del periódico El Tiempo. Eduardo Santos era hermano del escrito Enrique Santos Montejo "Calibán", abuelo del actual presidente colombiano. http://bit.ly/hGBbhj
6) Personaje de ficción creado por Antonio Morales Riveira y magistralmente personificado por el humorista Jaime Garzón, asesinado por los paramilitares, que expresa la manera de pensar y actuar de buena parte de la oligarquía colombiana.
7) “Robledo vs Restrepo: la pelea por la verdadera 'revolución agraria'. La Silla Vacía. 11 de febrero de 2012. http://bit.ly/Khm7r1
8) “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. El Espectador. 4 de diciembre de 2011. http://bit.ly/rQmRcM
9) Tempranamente lo hicieron: “Defensoría del Pueblo denuncia desaparición de líder de Marcha Patriótica”. Revista Semana. 27 de abril de 2012. http://bit.ly/ImS7zj
10) “Convocar algaradas por Internet llevará a la cárcel a sus promotores”. El Mundo, España. 11 de abril de 2012. http://mun.do/Is8ZC0
11) OSORIO LIZARAZO, José Antonio. “Novelas y crónicas”. Instituto Colombiano de Cultura, Biblioteca Básica Colombiana, 1978. Bogotá, Colombia.
Juan Alberto Sánchez Marín es periodista, cineasta y realizador de televisión colombiano.


COLOMBIA: La Marcha Patriótica.

”Nuevo Movimiento popular en movilización y lucha por las exigencias más sentidas de las grandes mayorías sociales del país”.
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Lunes 30 de abril del 2012.
Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Hace un poco más de una semana ha tenido lugar en Colombia la Marcha Patriótica, una masiva movilización popular promovida por un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de partidos de la izquierda, que culminó en la histórica Plaza de Bolívar, justo al pié del Parlamento, la sede central del poder judicial y la Casa de Nariño, residencia oficial del presidente Santos.



La asistencia resultó masiva y sorprendió a todos, incluyendo organizadores, gobierno y al coro histérico de los medios de comunicación y los tribunos de la extrema derecha que encabeza el ex-presidente Uribe Vélez y que desde el comienzo vincularon la marcha con la guerrilla. Se esperaba la concurrencia de un par de miles, pero a Bogotá llegaron más de 50.000 personas (se habla inclusive de cien mil asistentes), de suerte que la plaza se llenó con el arribo de la primera de las tres grandes marchas programadas y la mayoría hubo de seguir el acontecimiento desde las calles aledañas. De nada sirvieron los operativos de intimidación mediante los cuales las fuerzas armadas intentaron impedir el desplazamiento especialmente de campesinos e indígenas, ni la campaña de miedo que buscaba reducir a mínimos la movilización de la población capitalina. La Marcha transcurrió en perfecto orden, no se produjo ni una sola detención “por alterar el orden público”, nadie se dejó provocar por los infiltrados oficiales que buscan reventar las manifestaciones populares y que con demasiada frecuencia terminan con alguien muerto, múltiples heridos y no pocos sometidos a juicios amañados.

La prensa y las autoridades apenas se han manifestado sobre las propuestas que más de 1.700 organizaciones sociales y varios partidos políticos de izquierda aprobaron como su programa y en el cual se recogen prácticamente las exigencias más sentidas de las mayorías sociales del país: obreros, campesinos, estudiantes universitarios, docentes y maestros, comunidades negras e indígenas, desplazados, intelectuales y artistas, mineros artesanales, algunos gremios de propietarios afectados por las políticas de libre comercio, homosexuales y grupos afines, desempleados, pobres de solemnidad, recicladores y un sin número de colectivos de un país que registra uno de los niveles de desigualdad más agudos del continente y soporta la miseria de millones en contraste con la burbuja de riqueza, lujo y despilfarro ostentado por una minoría carente de todo proyecto nacional, que se mantiene en el poder desde siempre mediante métodos violentos y gracias a un sistema político excluyente.

En este contexto resulta sintomático que en lo fundamental el análisis del evento en boca de quienes controlan el monopolio de los medios de comunicación (analistas e intelectuales del régimen, informadores, periodistas y autoridades civiles y militares) se reduzca a dos cuestiones que en el fondo son una sola: la financiación de esa movilización multitudinaria y su relación directa con las FARC, la mayor guerrilla del país.

Sobre el primer asunto los organizadores han dado cumplidas explicaciones. Cada grupo participante asumió los gastos de su movilización. Los coordinadores harán pública la contabilidad respectiva para acallar los rumores tendenciosos que les acusan de ser financiados por la guerrilla. Viajó a Bogotá quien pudo pagarse el transporte; fue a la capital tan solo quien pudo financiarse un hotel modesto y llevar consigo algo para su manutención, además de contar con la inmensa ayuda solidaria desplegada por miles y miles de gentes de la capital. Un contraste notorio con los eventos políticos de los partidos de la derecha, con su típico ejercicio de clientelismo y compra masiva de votos y una financiación por demás oscura. Todo un sarcasmo que sea la clase dirigente la que indague por la financiación de un movimiento popular, en un país cuyos políticos - con honrosas excepciones – han estado involucrados siempre en escándalos por el rol de los “dineros negros” en sus campañas; un país como Colombia que tan solo ahora empieza a reconocer públicamente el papel de no pocos empresarios (nacionales y extranjeros) en la financiación de las huestes siniestras del paramilitarismo, para no hablar de la generalizada corrupción que aceita convenientemente el funcionamiento de la administración pública y la misma vida de los partidos.

Intentar vincular la Marcha Patriótica con las FARC-EP va sin embargo más allá de afirmar su dependencia económica del movimiento guerrillero. En un ejercicio en realidad bastante torpe (que cuenta con la ventaja de poder acallar las voces disidentes del discurso oficial) se pregonó que la marcha podía ser infiltrada por la guerrilla. En realidad, y dada la madurez política de los partidos y organizaciones sociales que la convocaron, sugerir siquiera que la Marcha podría ser instrumentaliza no es más que una provocación burda que desconoce la solidez política de sus organizadores. No era una marcha improvisada (su preparación ha durado meses) ni ha mostrado la menor señal de falta de control en su desarrollo. No ha sido la movilización de gentes ingenuas manipulables por manos ocultas con segundas intenciones. En realidad, la única infiltración registrada fue la de costumbre: algunos agentes de los servicios de inteligencia que hicieron presencia en los actos, fueron detectados a tiempo e invitados amablemente a desistir de sus propósitos (¿aviesos?).

Pero sin duda quienes sostienen que las FARC-EP están detrás del evento como organizadores reales o al menos como inspiradores del mismo incurren en la mayor de las torpezas ya que con un tal argumento echan por tierra todo el discurso oficial que de forma reiterada y sistemática sostiene que el movimiento guerrillero no es más que un hatajo de bandidos, narcotraficantes, secuestradores y violadores permanentes de los derechos humanos, carentes de todo objetivo social y que por tanto es imposible concederles el estatus de agrupación política. De ser cierto el argumento de las autoridades ¿tantos miles están entonces detrás de tales delincuentes comunes? Y ¿cómo hacer entonces compatible su programa, de clara vocación democrática, con la afirmación que le niega a los guerrilleros cualquier objetivo político?

Tantos miles de personas de condición tan diversa; tantas organizaciones sociales y políticas plenamente legales ¿estarían entonces vinculadas al movimiento guerrillero?. Si es así, si la guerrilla consigue movilizar una cantidad tan considerable de personas – a pesar de la atmósfera de intimidación llevada a cabo en contra de la Marcha sobre todo por el ejército y la extrema derecha- no se sostiene la versión oficial que habla de un movimiento guerrillero aislado, carente por completo de apoyos sociales. Vistos los resultados de la movilización, tales apoyos no serían tan desdeñables y cualquier gobierno debería tomar el asunto en consideración. Además, si tantas personas se movilizan de forma civilizada y con reivindicaciones plenamente democráticas y eso coincide con los propósitos de la guerrilla, el supuesto vínculo (deseado o no) debería ser saludado como un paso fundamental hacia la solución del conflicto armado. No sobra recordar que renunciar al uso de “todas las formas de lucha” es exigible a la guerrilla en un proceso de paz, pero lo es igualmente para el gobierno.

Es probable que el mensaje de las autoridades, repetido hasta el cansancio por los medios de comunicación, se hizo esperando el fracaso de la Marcha; jamás esperaron una movilización popular de tales dimensiones y han sido víctimas de su propia invención. Ahora bien, el mismo discurso en manos de la ultra-derecha se convierte (en las condiciones de Colombia) en una abierta incitación a la liquidación de los líderes de la Marcha. De hecho, y cumplida apenas una semana, ya han desaparecido tres dirigentes campesinos directamente vinculados a esta movilización. Si Santos no está en capacidad de detener otro exterminio como el llevado a cabo contra la UP, su mensaje de paz carece de seriedad y no pasaría de ser otra de las manifestaciones de demagogia que ya caracterizan su acción de gobierno.
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domingo, 29 de abril de 2012

Organizaciones de la Sociedad Civil alertan en vísperas de Río 2012. La ONU, “atrapada por grandes corporaciones y grupos de presión empresarial”.

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“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU logró bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada “Acabar con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un mayor fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la gente”.  “No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos días. Los gobiernos no consultan más a las empresas: las empresas consultan a los gobiernos”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012) a celebrarse en junio en Brasil “debería aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las discutibles alianzas de empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se le garantizó al sector corporativo y la consecuente influencia excesiva que se le reconoce en procesos y decisiones multilaterales”.
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Organizaciones de la Sociedad Civil alertan en vísperas de Río 2012.
La ONU, “atrapada por grandes corporaciones y grupos de presión empresarial”.
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Social Watch.
Rebelión. Domingo 29 de abril del 2012.

En vísperas de Rio 2012, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo alertan contra “la creciente influencia de grandes corporaciones y grupos de presión empresarial” dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas preocupaciones fueron evidentes en la XIII sesión de la UNCTAD en Doha: países ricos pretenden minimizar las potestades de esa agencia, cuyos informes han criticado consistentemente las políticas de desregulación, liberalización y privatización que benefician al sector privado.

“El preámbulo de la Carta de la ONU comienza con las palabras ‘Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…’. Hoy, sin embargo, los intereses corporativos tienen creciente prioridad sobre los intereses de los pueblos en algunos procesos e instituciones de la ONU. Las empresas han ganado enorme influencia sobre sus decisiones”, reza una declaración lanzada esta semana por varias organizaciones internacionales no gubernamentales.

Los firmantes iniciales del texto son Amigos de la Tierra Internacional, The text was initially signed by Friends of the Earth International, Corporate Europe Observatory, La Via Campesina, Jubilee South/Americas, el Servicio Paz y Justicia de América Latina (SERPAJ), el Instituto Polaris, The Council of Canadians, The Transnational Institute, la Red del Tercer Mundo (TWN) y World March of Women. Estas organizaciones pidieron a otras adherer a la declaración, en el entendimiento de que “la ONU es actualmente la institución global más democrática y adecuada para las negociaciones internacionales”.

“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU logró bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada “Acabar con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un mayor fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la gente”.

“No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos días. Los gobiernos no consultan más a las empresas: las empresas consultan a los gobiernos”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012) a celebrarse en junio en Brasil “debería aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las discutibles alianzas de empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se le garantizó al sector corporativo y la consecuente influencia excesiva que se le reconoce en procesos y decisiones multilaterales”, dijeron.

La declaración destaca varias asociaciones que comprometen a agencias de la ONU, entre ellas su Fondo para la Infancia (Unicef), su Programa para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con “grandes compañías internacionales”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se asoció con compañías petroleras y mineras como ExxonMobil, Rio Tinto, Anglo American y Shell, “todas las cuales están involucradas en violaciones de derechos humanos y con la destrucción de biodiversidad”, según el manifiesto.
La declaración cita otros ejemplos, como alianzas entre The Coca Cola Company y el PNUD sobre protección de recursos de agua, y entre la propia Coca Cola, la compañía química BASF y ONU-HABITAT en materia de urbanización sustentable. “Estas asociaciones no solo dañan la credibilidad de la ONU. También socavan su capacidad y voluntad de cuestionar al sector empresarial y de regularlo donde esté involucrado en violaciones a los derechos sociales, ambientales y humanos”, advierte el texto.

El Pacto Mundial, definida en su página web como “plataforma global que reúne a empresas con agencias de la ONU, con trabajadores y con la sociedad civil”, les permite, según la declaración, a “notables violadores de los derechos humanos participar” en organizaciones multilaterales y les ayuda “a mejorar su imagen, en lugar de promover obligaciones que contribuyan a cambiar el comportamiento de esas compañías”.

Esta alianza, más conocida por su nombre en inglés UN Global Compact, “da la falsa impresión de que la ONU y las compañías transnacionales comparten los mismos objetivos”, advirtieron las organizaciones firmantes.

En el camino hacia Rio 2012, la asociación de la ONU con la Cámara Internacional del Comercio y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable facilitó la presión corporativa que derivó en un borrador de declaración final para la conferencia en Brasil que “refuerza el rol de las empresas como promotoras de la denominada economía verde”, pero que no “atiende el papel de las empresas en el surgimiento de las crisis financiera climática y alimentaria, entre otras”.

La declaración de la sociedad civil reclama a la ONU y a los países que la integran “resistirse a la presión corporativa para dar a las empresas una posición privilegiada en negociaciones” multilaterales y “dejar de crear nuevos cuerpos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los ya existentes)” que facilitan esa poderosa participación. También recomienda que “los representantes de empresas no sean parte de delegaciones nacionales” en deliberaciones de la ONU.

“La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos existentes con el sector privado” y debe promover “un código de conducta” para sus funcionarios que incluya un “periodo ‘de enfriamiento’” durante el cual los que se retiran no podrán trabajar para empresas que ejercen presión en los foros internacionales, añade el texto.

El sistema de las Naciones Unidas también deberá estudiar, según las organizaciones de la sociedad civil, “los impactos de las corporaciones sobre los pueblos y el ambiente, y establecer un marco obligatorio en el cual las empresas puedan ser llamadas a responsabilidad de acuerdo con las leyes de derechos humanos y laborales y sobre asuntos ambientales”.

Mientras se conocía la declaración, transcurría esta semana en Doha, Qatar, la sesión 13 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII). Allí, un grupo de economías del Norte rico compuesto por la Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Lichtenstein, Nueva Zelanda y Suiza procuraron que esa agencia de la ONU aliente a los países en desarrollo a adoptar políticas comerciales y de protección de inversiones de acuerdo con los intereses corporativos del mundo industrializado, informó la Red del Tercer Mundo (TWN).

Organizaciones de la sociedad civil que participan en las reuniones de Doha llamaron a la remoción de las limitaciones del espacio político de los países en desarrollo determinadas por acuerdos de inversión y de libre comercio, así como por condiciones que imponen donantes e instituciones financieras internacionales.

La UNCTAD fue creada para aportar análisis y asesoramiento a gobiernos en materia de desarrollo vinculado con el comercio, las finanzas y la tecnología, entre otras cuestiones. Los análisis producidos por la agencia han identificado consistentemente, a lo largo de los años, la liberalización y desregulación de mercados y sistemas financieros como factores perjudiciales a los que luego atribuyeron la actual crisis económica.
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sábado, 28 de abril de 2012

Argentina: Petróleo y Política. “Consecuencia de la bancarrota del capitalismo mundial”.

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No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.
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La presidenta Cristina Fernández, junto al Ministro de Planificación en reunión con los Gobernadores argentinos de Provincias productoras de petróleo. Los analistas dicen  que la "nacionalización" de la YPF
le costaría a la Argentina la suma de 18 mil millones de dólares.
Argentina: Petróleo y Política.
“Consecuencia de la bancarrota del capitalismo mundial”.
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Viernes 27 de abril del 2012.

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Cuestiones de estrategia

El proyecto de ley de expropiación parcial de YPF es la punta del velo que oculta una situación política excepcional.

Cristina Kirchner usó la expresión “país inviable” cuando aludió a la bancarrota energética en que había quedado sumida la Argentina al cabo de diez años de política kirchnerista. El vaciamiento financiero de YPF por parte de Repsol es una fracción del vaciamiento generalizado, ejecutado por el conjunto de los monopolios petroleros que operan en el país. En una medida fundamental, es la consecuencia de la bancarrota capitalista mundial -la que ha impuesto una insaciable política de pago de dividendos para hacer frente al déficit financiero que sufren la mayor parte de las corporaciones y bancos de los principales países. Es sintomático -para dar solamente un ejemplo- que las acciones de Petrobras retrocedan cada vez que su directorio anuncia inversiones en los proyectos de aguas profundas. Muchas petroleras, además de abonar dividendos generosos, desarrollan una política de recompra de acciones de sus compañías, lo cual aumenta el plusvalor que obtienen los tenedores.

Recurso de emergencia

El proyecto en cuestión es, entonces, en primer lugar, un recurso de emergencia para una situación sin salida en el marco prevaleciente. El Estado interviene bajo la presión de una crisis extraordinaria, la que pone en juego el abastecimiento de energía de la nación. Interviene al operador principal -que es, al mismo tiempo, el más vulnerable en el mercado mundial de la industria. Los que piden el respeto a las disposiciones constitucionales (las que exigen el pago de una indemnización previa e incluso el resarcimiento de la totalidad de los accionistas de YPF), simplemente ignoran que el gobierno está operando en una situación de bancarrota: tanto del grupo de control de Repsol, compuesto por bancos y constructoras que sobreviven bajo la carpa de oxígeno del Banco Central Europeo y el Banco Central de España, como del propio Estado argentino, el cual registra un déficit fiscal en crecimiento, a pesar de que mete las manos en la Anses y el Banco Central, y que se financia, además, con el Banco Nación, mientras las provincias emiten empréstitos en el exterior a tasas de interés usurarias. Cualquiera sea el resarcimiento a los “expropiados”, YPF va a hacerse cargo de la deuda de 9 mil millones de dólares que dejó Repsol.

La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que debe enfrentar el desafío de proceder a una redistribución de cartas en la industria petrolera. Por eso se reúne a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que para Repsol hubiera sido inocuo o inútil: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones. La oficialista Página /12 (25/4) admite que ya le ofrecieron a los pulpos subirles el precio del gas extraído. Las joyas de la corona de este plan son los yacimientos de gas no convencional (en Chubut y Neuquén) y la exploración de la plataforma marítima. Es significativo, en lo que hace a este último caso, que las tentativas de licitación hayan venido fracasando desde que Alfonsín lanzó el “plan Houston” con los ‘sanos’ consejos de Rodolfo Terragno. La licitación del Atlántico sur habría modificado, en forma radical, la dependencia financiera internacional de Argentina y la relación de fuerzas dentro de la burguesía que opera en el mercado nacional. La necesidad de este arbitraje político ha sido comprendida por todo el ‘establishment’ internacional y nacional, el cual ahora se limita a reclamar una salida judicial de las indemnizaciones. El apoyo de Macri a la llamada “empresa mixta” es una expresión de esto. Un ingreso importante de capitales de China al mercado petrolero nacional sería intolerable para sus rivales y para Estados Unidos, si no está presente la mediación del Estado en el reparto de la torta energética. Los que saludan la “recuperación de la soberanía energética” han comprado una etiqueta! : no han comprendido que el ‘soberano’ ha advertido el peligro para la gobernabilidad de sus propios latrocinios y confunden soberanía con arbitraje o, mejor, que la soberanía bajo el Estado burgués es un ejercicio de arbitraje, sin el cual es imposible la dominación política del capital.

Una tentativa que se repite

Los K llegan a este punto como consecuencia de un enorme desplome de su capacidad de gobierno. El derrumbe energético aparece a renglón seguido del derrumbe del transporte ferroviario, así como éste vino enseguida después del colapso de la capacidad de pago de los subsidios -lo que dio paso a los tarifazos e impuestazos, disfrazados luego de ‘sintonía fina’. Como ya ocurriera con la estatización de las AFJP y luego con el Banco Central (primero con el asunto de las reservas y luego con la reforma de la carta orgánica), el gobierno apela a recursos extraordinarios -políticos y financieros- para salvar al Estado de la bancarrota y a salvarse a sí mismo de un fin de mandato. En estas ocasiones impuso su política a la oposición, algo que no había ocurrido cuando fue la disputa por la resolución 125. La finalidad inmediata de la intervención en YPF es acced! er a la facturación de la petrolera para pagar las importaciones de gas y fuel oil, así como los subsidios en el mercado interno.

Los gobiernos bonapartistas (donde el arbitraje es personal) encuentran su punto de apoyo allí donde se equilibran las fuerzas de las clases en pugna. Los capitalistas reclaman un tarifazo energético, pero temen la reacción de los trabajadores al impacto hiperinflacionario que provocaría; los K administran este impasse. Para reforzar su capacidad de arbitraje, el gobierno convoca a la “unidad nacional” -o sea a la colaboración entre las clases. Por eso atacó a los choferes de la Línea 60 en el discurso de anuncio de la ‘expropiación’, como también a los piquetes del Gran Buenos Aires, realizados por quienes fueron azotados por el temporal, o los que tienen lugar entre los petroleros de Chubut, en un discurso posterior.

El arbitraje no opera por medio de la democracia, sino de la regimentación. El centroizquierda y la izquierda democratizante han acudido presurosos al llamado! , sin desconocer que se trata de una operación de rescate político del gobierno y del Estado. El número de condicionamientos que ponen al apoyo al proyecto de ‘expropiación’ demuestra que son concientes de que estamos ante un fraude. Los convoca un instinto de supervivencia, porque no están dispuestos a construir una alternativa sobre el derrumbe de lo realmente existente. El apoyo al proyecto no tiene nada que ver con la independencia energética: es una capitulación ante una extorsión política. Hugo Chávez, quien ha usado este recurso en su país hasta el agotamiento, ha logrado por esa vía convertir a la izquierda revolucionaria de Venezuela en un cero a la izquierda.

Reforma constitucional

No es casual que en este marco de crisis se haya resucitado el tema de la reforma constitucional, inspirada por el juez supremo Zaffaroni. El asunto viene revestido con justificaciones como la incorporación de nuevos derechos civiles y hasta con recuperar cláusulas de la Constitución reaccionaria de 1949, luego de seis décadas de violación de sus disposiciones ‘soberanas’ -en especial por los gobiernos peronistas. La reacción clásica a una reforma, que presume una indisimulada intención re-reeleccionista, sobrevalora la capacidad de CFK para elevarse por encima del conflicto entre clases y partidos de aquí en más -o sea para hacer valer su arbitraje personal en condiciones de un severo desgaste de las bases económicas de su gobierno. La intervención a YPF (al mismo tiempo que reitera el bonapartismo oficial) es, precisamente por ese mismo motivo, una expresión de su agotamiento. Por eso, la variante re-reeleccionista podría ser sobrepasada por un pasaje hacia el parlamentarismo, el cual habilitaría gobiernos de coalición -como los que Néstor Kirchner intentó con su alianza con el radicalismo K y el ex vice Cobos. Sería un reconocimiento de que el bonapartismo está exhausto. El cambio ofrecería a CFK la posibilidad de postularse como jefa de gabinete de un gobierno -lo que sería una curiosidad para la tradición kirchnerista. Lo que todas estas elucubraciones de palacio parecen dejar fuera de sus cálculos es que un cambio de régimen difícilmente puede producirse por medios constitucionales -o sea sin pasar por el colapso efectivo del gobierno actual.

Desarrollo de la independencia política.

Al negar cualquier apoyo político a la medida ‘expropiatoria’ que encubre la reprivatización, la izquierda revolucionaria señala su condición de alternativa política. Porque no alcanza con reclamar la “nacionalización ciento por ciento” si no se desarrolla, al mismo tiempo, una separación política neta del gobierno que va por una reprivatización. La cuestión es política -la consigna del “ciento por ciento” está vacía de contenido, por lo que es ‘funcional’ al engaño. Estamos ante un ‘clásico’ de los procesos de crisis: o el seguidismo al nacionalismo burgués o al progresista de turno, y la corresponsabilidad por el fracaso o la independencia política consecuente para desarrollar una alternativa de poder en la clase obrera, la que prepara la victoria.

El gobierno intenta zafar de su derrumbe postelectoral y de la amenaza de ‘inviabilidad’, que él mismo reconoce, con una medida que acentúa la crisis que pretende atenuar. Sin un tarifazo a plazo cierto, la reprivatización es también inviable: los acuerdos con los Exxon no están a la vuelta de la esquina. El vaciamiento de la ‘nueva YPF’ para pagar las facturas pendientes y evitar el tarifazo en el corto plazo acentuará la crisis energética. La cuestión es la gobernabilidad K y, en general, del Estado. El seguidismo a los nacionales y populares es un llamado a acompañar su destino político.

El debate en la izquierda sobre la cuestión YPF no tiene que ver con la energía, sino con la estrategia política.
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