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“Esta conmemoración es un nuevo pedido
por el nunca más, la justicia y la memoria, y un recordatorio de
que aún hoy en día se siguen viviendo secuelas de aquello”, dijo Baldemar
Taroco, vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol. “Cuarenta años, pero todavía hay huellas
del terrorismo de Estado y aún se reclaman cosas que no se han restituido”,
apuntó. Durante todo este mes han sido programadas numerosas conferencias y
mesas redondas para analizar el golpe impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las
dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con
especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas. Por su parte, el Parlamento reunió a sus
dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una sesión
extraordinaria que se centró en debatir la disolución
y la prohibición de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973. Asimismo, la
intendencia de Montevideo realizó un
recorrido por los rincones de la capital en los que se produjeron
acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y el período dictatorial.
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El acto de conmemoración del
golpe de Estado culminó en la puerta del Teatro Solís, en Montevideo.
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URUGUAY: Un día de memoria y
reclamos de justicia.
Conmemoran el 40º Aniversario del golpe
de Estado que iniciaba un oscuro periodo en su Historia.
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El acto principal consistió en una concentración y
una marcha que recorrió la arteria principal de Montevideo en memoria de la
huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe,
el 27 de junio de 1973.
Página
/12 viernes 28 de junio del 2013.
Uruguay
conmemoró ayer el 40º aniversario del golpe de Estado que iniciaba un oscuro
período de doce años (1973-1985). El acto principal consistió en una
concentración y una marcha que recorrió la arteria principal de Montevideo en
memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo
día del golpe y que duró quince días. El acto culminó en la puerta del Teatro
Solís, a escasos metros de la sede de la Presidencia uruguaya, donde se estrenó
la serie de documentales Huellas. A 40 años del golpe, realizada por diversos
cineastas uruguayos, de forma simultánea con otros auditorios de la ciudad.
La conmemoración contó
con las intervenciones de un legislador por partido y fue acompañado por una
numerosa presencia de dirigentes sociales, sindicales y representantes
diplomáticos extranjeros en las tribunas, junto a los comandantes de las
fuerzas armadas. Por la mañana, el presidente José Mujica y todo el gabinete
como invitados conmemoraron la fecha en el Congreso nacional.
“Esta conmemoración es
un nuevo pedido por el nunca más, la justicia y la memoria, y un recordatorio
de que aún hoy en día se siguen viviendo secuelas de aquello”, dijo Baldemar
Taroco, vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol.
“Cuarenta años, pero todavía hay huellas del terrorismo de Estado y aún se
reclaman cosas que no se han restituido”, apuntó. Durante todo este mes han
sido programadas numerosas conferencias y mesas redondas para analizar el golpe
impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las
dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con
especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas.
Por su parte, el
Parlamento reunió a sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una
sesión extraordinaria que se centró en debatir la disolución y la prohibición
de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973. Asimismo, la
intendencia de Montevideo realizó un recorrido por los rincones de la capital
en los que se produjeron acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y
el período dictatorial.
También ayer la Televisión
Nacional de Uruguay (TNU) lanzó un ciclo de documentales sobre el tema, un día
después del reestreno de la obra teatral Antígona Oriental, protagonizada por
ex presas políticas y que intercala el texto clásico de Sófocles con
testimonios de víctimas de la dictadura y sus familiares.
Según la Comisión para
la Paz creada para investigar aquel trágico período, la dictadura en Uruguay
dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182
desapariciones de ciudadanos uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en
Brasil, una. Aquel período significó un traumático paréntesis para la historia
del país, uno de los que tiene una tradición democrática más arraigada de
América latina.
Tras caer la dictadura,
se celebraron unas elecciones democráticas que llevaron a la presidencia a
Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).
Taroco anunció que
existe un proyecto para que el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la
Memoria, no tanto para recordar la defensa de la democracia por parte de los sindicatos
y los trabajadores como para homenajear a las víctimas. Para el activista, el
actual gobierno uruguayo, pese a estar en manos del Frente Amplio, que gobierna
desde 2005, no hizo todo lo posible por que las secuelas del terrorismo de
Estado desaparezcan, como por ejemplo la impunidad.
Al concluir la
dictadura, el Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley
de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época que fue
ratificada por la población en dos referéndum en 1989 y 2009. En la práctica
esa norma dificulta el procesamiento de los violadores de derechos humanos de
aquella época y aunque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la ha declarado
inconstitucional en algunos casos, sigue siendo considerada un obstáculo para investigar
el paradero de los desaparecidos.
El director de la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier
Miranda, consideró que aunque no le gustó el fallo contra la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, había que respetarlo. De
todas maneras, explicó que el derecho es una herramienta para hacer política y
señaló que se debería debatir si no es necesario una reforma constitucional
sobre temas judiciales, que establezca un Tribunal Constitucional que sea el que
decida sobre las inconstitucionalidades en lugar de la SCJ.
De hecho, la SCJ
confirmó el martes la revocación de un fallo penal que había procesado en 2011
a dos militares por crímenes cometidos por el régimen dictatorial. La Justicia
“desestima el recurso de casación interpuesto, no hace lugar al mismo y de esta
forma deja firme la sentencia del tribunal”, que en 2012 absolvió a los
militares retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, declarados culpables en
primera instancia del homicidio de Horacio Ramos, militante del movimiento
guerrillero MLN-Tupamaros, quien fue encontrado sin vida por ahorcamiento en
una cárcel en 1981.
Con
esta resolución, fechada el 17 de junio, se mantiene la sentencia a la que se
llegó en segunda instancia, luego de que los abogados defensores apelaran el
fallo y tras una segunda reconstrucción del episodio que puso reparos a las
pruebas. La sentencia causó un gran impacto entre los organismos de derechos
humanos porque se conoció a un día de que se cumplan 40 años del golpe de Estado
y a pocos meses de que la SCJ considerara inconstitucional una ley que declaraba
imprescriptibles los delitos cometidos durante la última dictadura.
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