domingo, 15 de diciembre de 2013

ARGENTINA: “Democratizar la seguridad”.. POLICÍA: Fuerte debate sobre si deben sindicalizarse.

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“EL ANTIDOTO.- Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad. El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca. 


Cuidado, otra vez la Democracia en peligro?. La derecha abre otra "ventana" que favorece a sus intereses. Ahora la huelga policial, muy fuerte y violenta en las provincias argentinas. El "famoso" crecimiento económico abre grandes fracturas sociales. amplía la brecha de la desigualdad económico-social, una democracia liberal muy débil, sin respaldo social y político de los sectores populares, precisamente las víctimas directas del "crecimiento macro-económico".
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Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas”. Horacio Verbitsky
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Jorge Capitanich habló ante los intelectuales de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional.

ARGENTINA: “Democratizar la seguridad”.

Definición de Jorge Capitanich en la Asamblea de Carta Abierta.
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El jefe de Gabinete advirtió que quienes “socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, y dijo que hay que responderles “con mayor firmeza y democracia”. Llamó a “promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”.

Página /12 domingo 15 de diciembre del 2013.

Aquellos que socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su visita a Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. “De la única manera que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”, consideró el funcionario nacional, quien señaló que las provincias deben sumarse al compromiso para una seguridad democrática y abogó por un comité contra la tortura en las cárceles. En el encuentro hubo un apoyo de los intelectuales a una pronta reforma de las policías y también se plantearon cambios al proyecto del Código Civil y Comercial.
Los integrantes de Carta Abierta tuvieron su habitual encuentro en la Biblioteca Nacional, en el que debatieron sobre lo ocurrido estas últimas dos semanas con las sublevaciones policiales, los saqueos y la muerte de diez personas. “Hubo coincidencia de apoyar las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de avanzar con una reforma de las instituciones provinciales de seguridad. Se planteó que era una tarea impostergable para poder seguir profundizando este proceso”, afirmó a Página/12 Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA. El sociólogo Carlos Girotti coincidió con los planteos de Jozami.
También señalaron que la insubordinación policial no fue sólo una movida de desestabilización para crear la sensación de que el Gobierno no tiene autoridad, sino que también busca complicar la situación económica, acelerando una espiral inflacionaria. Varios discursos responsabilizaron al gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota por la pésima resolución del primer conflicto, que estalló en su provincia.
Cuando concluyó la asamblea hubo un brindis en el patio de la Biblioteca del que participaron Daniel Filmus, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Capitanich. Cada uno hizo su evaluación de la situación del país, luego de un discurso de Ricardo Forster. El filósofo planteó el compromiso de Carta Abierta con la profundización del modelo, reseñó los logros de la última década y recordó las visitas de Néstor Kirchner a Carta Abierta.
A Capitanich le tocó el cierre y advirtió que “aquellos que pretenden socavar las bases del poder democrático están siempre al acecho y la única manera en que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”. El jefe de Gabinete llamó a “promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”. “Los que deben proteger la vida y el patrimonio no pueden ser los mismos que promuevan los hechos delictivos”, indicó.
A su vez, Capitanich descartó una causa social de los saqueos: “Nunca hubo tanto crecimiento económico como en esta década y fue el kirchnerismo el que solucionó la tensión entre democracia y crecimiento económico. Nunca se ha discutido la reparación histórica en las provincias del norte como hasta ahora. El kirchnerismo se animó a construir gobernabilidad democrática con calidad institucional aunque muchos nos cuestionen”, dijo. El ministro coordinador consideró que “vivimos en un mundo desigual que ha generado una división extraordinaria que debe ser reparada por la política” y destacó que “las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos”. “Hemos vivido una semana muy intensa y tenemos que entender que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar o aquellos que pretenden socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están siempre al acecho”, alertó.
Capitanich volvió a remarcar la responsabilidad de los gobiernos provinciales. “La seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas pero las provincias, como lo hicimos en la provincia de Chaco, tienen que tener ley de seguridad democrática.” “Tenemos que avanzar con la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad, tenemos que promover claramente el comité de prevención de la tortura para lugares de encierro”, afirmó. Lo siguió un aplauso cerrado.
Para esto, llamó a “profundizar el debate público en todas las circunstancias y en todos los medios” y a continuar la “revolución en paz de carácter popular que tiene que surgir de la conciencia popular”. Destacó que “hay que democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias enquistadas, vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico y otros flagelos que agobian a la sociedad argentina puedan ser desterrados”.
En la asamblea de Carta Abierta también hubo quienes plantearon que era importante que el conjunto de intelectuales participe del debate que resta sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Hubo críticas a los cambios que recibió la norma. En particular, los intelectuales señalaron que se debe incluir la función social de la propiedad y cuestionaron la redacción del artículo que señala que la vida empieza con el embrión.
Por último, uno de los integrantes señaló la importancia de reivindicar a Raúl Alfonsín, como ocurrió con el discurso de la Presidenta en el aniversario de los 30 años de democracia. Sobre el papel de Alfonsín aparecieron diversos matices, pero hubo acuerdo en que en este momento hay que rescatar a quienes debieron enfrentar a los poderes fácticos.
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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó de plano la idea de un sindicato policial.
Son trabajadores del Estado y como cualquier servidor público tienen derecho a sindicalizarse, situación que debe originar un control democrático directo y horizontal. Eliminar las jerarquías y el verticalismo autoritario.La Ley y el Reglamente deben ser sumamente claros y definidos para evitar influencias de poderes facticos de radicalizar el control o utilizar como un medio de presión, chantaje e intereses subalternos. La polémica esta abierta?.
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Fuerte debate sobre si deben sindicalizarse.

De  los “NO” más rotundos al cuestionamiento de la misma idea como una distracción.

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Que los policías tengan sus uniones, como otros trabajadores del Estado, es una idea defendida desde el PRO y el Frente Renovador, pero rechazada en el resto del arco político. Para el CELS, es “opacar” el verdadero problema.

Página /12 domingo 15 de diciembre del 2013.

El debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el “tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para ponerles fin a los auto-acuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que debe ser debatido en profundidad por el Congreso.
Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.
Chiller resaltó que “lo realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba, tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que “no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera”.
El sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una “opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.
Pegoraro agregó que, en ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y, por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”. Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.
“Si no existiera esa vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar. Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder político”.
El titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de acción directa para evitar el acuartelamiento”.
La diputada socialista por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos el poder de la fuerza”.
Desde el PRO, la diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”. Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar a la gente”.
El ex titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.

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