MÉXICO: UN ESTADO FALLIDO PLANIFICADO. EXISTEN LOS NARCO-ESTADOS?.

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Ustedes, primero los dirigentes, líderes y los propios ciudadanos, cuya pertenencia a los Partidos Políticos, durante las dos últimas décadas, básicamente no tuvieron la capacidad política, menos la fuerza organizativa que sirviera de resistencia a lo malo y vil que nacía y con  quienes había que deslindar ideológica y políticamente por el doble poder  que se encontraba en plena gestación, que en el fondo fue incentivada, impulsada y logró ganar más adeptos, precisamente desde la firma del TLC en enero de 1994, entre México, Canadá y Estados Unidos – resultados que definitivamente favorecieron a las dos potencias del norte, y el gran perdedor fue el campesino, los pequeños y medianos agricultores aztecas – paralelo (in)surgía el movimiento político rebelde y revolucionario Zapatista en el Estado de Chiapas, la población de extrema pobreza y excluida históricamente por el poder central.

Segundo, es en el nuevo milenio, cuando se presentan en la estructura de la sociedad mexicana, elementos y características que inician su destrucción: la crisis estructural del sistema capitalista y las políticas neoliberales, cuya responsabilidad de empresarios, corporaciones y el propio Estado, jamás lograron entender hacia donde caminaban sin rumbo propio, pero sí absolutamente dominados por las políticas neoliberales; la corrupción que se incrusta en todas las instituciones del Estado, y es parte activa de su descomposición; el fracaso total de los partidos políticos que hasta entonces venían gobernando – El PRI gobernó durante 70 años continuados e implantó la “dictadura corporativa perfecta”; producto de este fracaso político, por primera vez en México ingresa a la política la derecha y ultra-derecha política. El PAN primero con el Presidente Fox y después Calderón fueron los grandes responsables de haber “transformado” políticamente la democracia liberal-representativa en una democracia fallida, inviable, democracia de papel, mediática y novelada; 

Crece la protesta, ahora es nacional, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Normalistas de Ayotzinapa- Estado de Guerrero - víctimas del poder asesino narco. Las movilizaciones nacionales exigen la renuncia del Presidente Peña Nieto. Si ahora no deslindan y en definitivo - imponen una gran política nacional -para terminar con el poder narco, la situación en los siguientes meses - no años - será prácticamente imposible, la violencia y asesinato, secuestrarán la vida cotidiana de la ciudadanía azteca.

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Tercero, permitieron ante el fracaso de las instituciones políticas del estado, el ingreso dominante de los pulpos corporativos de las  tele-comunicaciones (TELEVISA Y AZTECA) en el sistema político; obviamente si miramos, hacia el espacio público, la inseguridad y la violencia, está presente en el baño de sangre en las calles, plazas públicas  y comunidades era tan evidente, - supuestamente invisible para los gobernantes - producto del poder narco que crecía a medida que se profundizaba la crisis estructural del sistema y la sociedad mexicana en la mitad más o menos, vivía exclusivamente de las remesas que enviaban sus familiares que había migrado hacia el norte imperialista;

Finalmente, los gobiernos sucesivos entregaban – o remataban el petróleo – riqueza energética, que representaba la dignidad histórica del pueblo mexicano, puesto que fue recuperado y nacionalizado en 1938. Política nacional y modernizadora que consolidó la Revolución Mexicana de  1910, acontecimiento histórico, de quien tuvo el coraje, fuerza, valor y compromiso de dirigirlo a favor de su pueblo, Presidente  Lázaro Cárdenas. Pero ahora se está entregando al poder del imperio, PEMEX es parte del botín ansiado por las corporaciones transnacionales. Sumamos todos los elementos destructivos del sistema de valores de la sociedad, demoledores de las instituciones del Estado, estamos preparando el camino – camino obligado para el pase de la droga hacia la población de mayor consumo en el mundo – para el proceso de destrucción de la Democracia y del propio Estado, y hoy  tenemos ante nuestros ojos y los ojos del mundo el narco-estado que asesina a sus estudiantes, a su juventud por el único delito de reclamar por sus derechos. (sólo es una mirada desde el exterior, teniendo como eje central  la epidermis de la sociedad mexicana, la opinión completa, seria, responsable sobre la estructura mexicana, la tienen  Profesionales de las Universidades, Ciudadanos de la Sociedad Civil,   y los Ciudadanos Aztecas en general).

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¿EXISTEN LOS NARCO-ESTADOS?.

El término narco-estado o narcoestado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

El uso del término comenzó a implementarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia. En la actualidad, Colombia ha mejorado en el tema del narcotráfico, disminuyendo ampliamente la producción en los últimos años. Son habitualmente considerados dos ejemplos de narcoestado Kosovo en Europa y Guinea-Bissau en África, aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo de gobierno

El lúcido politólogo estadounidense Noam Chomsky abordó el problema del narco en México en un texto para la revista Guernica, recuperado por el diario La Jornada. Analizando la política que rige esta guerra, Chomsky percibe que existe una agenda oculta detrás del supuesto conflicto  sin cuartel entre los gobiernos y los cárteles: principalmente el contraespionaje y la limpieza social.

«El problema de las drogas está en Estados Unidos, no en México. Es un problema de demanda y tiene que ser abordado aquí, pero no se hace así. Se ha demostrado una y otra vez que la prevención y el tratamiento son mucho más efectivos en costos que la acción policiaca, operaciones fuera del país, control fronterizo y más. Pero el dinero va en otra dirección y nunca tiene impacto. Cuando los líderes aplican durante décadas políticas que no tienen consecuencias para el objetivo declarado y son muy costosas, uno debe preguntarse si están diciendo la verdad y si esas políticas son para otro objetivo, porque no reducen el uso de drogas».

En América Latina hay enormes flujos de dinero que benefician a las élites, y un amplio sector empresarial está de alguna manera involucrado con el narcotráfico. Por otro lado, Chomsky ofreció ejemplos en Colombia y otros países donde, bajo el pretexto de esa guerra, se han podido controlar y anular esfuerzos económicos autónomos de diversas comunidades en la región, en beneficio de intereses poderosos. Todo mientras no se logra cumplir con los objetivos oficiales de frenar la droga y sus consecuencias.

No creo que la guerra contra las drogas es un fracaso, tiene un propósito diferente al anunciado, concluyó Chomsky. El problema de las drogas en América Latina está aquí en Estados Unidos. Nosotros suplimos la demanda, las armas, y ellos (en América Latina) sufren.

La visión política del Maestro era correcta, ahora tenemos las consecuencias, cuando México es un caldero, se quema, arde - está a punto de explosionar- producto de la propia complicidad e incapacidad de sus gobernantes. De Estado inviable rápidamente - producto del propio crecimiento sin control del narcotráfico - hoy tenemos un narco-estado?. El doble poder. Un poder público amarrado, atado sin perspectivas políticas, cómplice del desastre y un poder narco, violento, asesino. Muy simple. El Estado de Guerreros, el Alcalde, su mujer y la muerte y desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, es sólo un ejemplo. Y la democracia del presidente Peña y el PRI; y el poder mediático de los dos canales corporativos mundiales de TV, (Telvisa y Azteca) son o no responsables directos?.

PERÚ: MARCO-ESTADO?.

Por Oscar Ugarteche. SERVINDI. Abril del 2014.

ALAI, 02 de abril, 2014.- Un tema recurrente de los últimos veinte años en el análisis político latinoamericano ha sido si existen los narco estados y qué los define. Está el marco referencial de México y lo que parece como un antiguo acuerdo de pase de drogas. El narcotraficante iba con el seudónimo de El Señor de los Cielos y pasaba la droga por aire en un acuerdo con un ministro de Estado del PRI de los años 50 que era vecino de su casa de campo. En México no hay nadie de alto nivel en la cárcel por narcotráfico y el control del territorio se perdió en varios estados.

Luego está el caso colombiano donde hay financiamiento de los carteles de las drogas a los partidos políticos. El caso más ruidoso fue el financiamiento de Ernesto Samper a la Presidencia de la República siendo puente del dinero Fernando Botero, hijo del pintor y Ministro de Estado. Samper mismo quedó impoluto y Botero en la cárcel con un grupo grande de su partido político. El siguiente caso importante fue el escándalo de la venta de armas a las FARC a cambio de drogas donde el ministro de Defensa de Colombia acusó a Fujimori y Montesinos en el 2000, pocos meses antes de la caída de Montesinos(1) y luego de Fujimori. Esto fue acompañado de eventos aislados durante el fujimorismo de naves del Estado peruano llenas de toneladas de cocaína, tanto barcos de la Marina de Guerra como el avión presidencial. En los casos peruanos no cayó ningún responsable político a pesar de las acusaciones. El poder judicial eximió en todos los casos tanto a Montesinos como a Fujimori.

El caso más nuevo y complicado es el del ex presidente Alan García donde el mismo parece ser cómplice del narcotráfico en el “sólido norte”, área geográfica donde su partido político ha predominado históricamente. El APRA se fundó en Trujillo en la costa norte. La complicidad parece tener la forma de indultos a sentenciados por narcotráfico. Esto no tendría cariz de complicidad si no se tratara de números masivos de narcos dejados libres y de los procedimientos empleados.

En el semanario limeño Hildebrandt en sus Trece del 28 de marzo del 2014, el periodista Carlos León Moya señala varias cosas. El informe de la Megacomisión “da cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

México. Estado de Guerrero. Iguala. Escuela Rural de Normalistas Rurales de Ayotzinapa.. Estudiantes muertos, 43 desaparecidos desde finales de septiembre. El modelo perfecto de narco-estado (invisible para los que no quieren ver más allá de la esquina el doble poder: el otro poder violento, represivo, asesino, el poder narco y la complicidad de las autoridades locales (autor el Alcalde y esposa) sin embargo la justicia burguesa es incapaz de detener lo que ellos crearon debajo "de la mesa" y hoy es un poder que destructivo y asesino. (Esos son los poderes asesinos de los narco-estados, aunque Usted no lo crea aún siguen disfrazados de "democráticos".

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MÉXICO: UN ESTADO FALLIDO PLANIFICADO.

43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

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Raúl Zibechi

Alainet.

Rebelión sábado 25 de octubre del 2014.

El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.

Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.

Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.

Peor que el Estado Islámico

Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).

La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.

Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.

La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.

Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y re reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.

Controlar la sociedad.

Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).

Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).

Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.

Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.

Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.

Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.

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Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI. 

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