LA POSICIÓN DE LA EMPRESA.- Las
medidas de búsqueda e incautación y prisión cumplidas en el día de hoy son
completamente innecesarias y por eso mismo manifiestamente ilegales, dijo la
abogada de Odebrecht en Brasil, Dora
Cavalcanti. “El Supremo Tribunal
Federal ya tuvo la oportunidad, en el ámbito de la operación Lava Jato, de
reiterar que la prisión preventiva es una medida de excepción, que no puede
convertirse en una anticipación de la pena, sostuvo la letrada. Según la
representante legal de la firma, el comportamiento de Odebrecht y de sus ejecutivos a lo largo de este más de un año
de investigación demostraría la injusticia de una prisión sin proceso, ya que
los imputados permanecieron en sus casas, junto a sus familias, cumpliendo sus
obligaciones. “Los ejecutivos que hoy fueron arrestados ya fueron escuchados en
las investigaciones que se tramitan en el
STF y en el Superior Tribunal de Justicia, STJ. Además, en más de una
ocasión, manifestaron por escrito su disponibilidad para prestar declaración
ante la Policía Federal de Curitiba. Asimismo, la empresa presentó todos los
documentos y aclaraciones solicitados por el
juez federal Sérgio Moro, no hay un hecho nuevo en la decisión del juez,”
argumentó la
abogada de la empresa cuyo titular fue detenido ayer, acusado de pagar coimas
millonarias.
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CAYÓ EL DUEÑO DE LA MAYOR CONSTRUCTORA
DE BRASIL.
Marcelo Odebrecht fue detenido junto al
titular de otra mega-empresa por el caso de corrupción PETROBRAS.
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Odebrecht
y Otávio Marques de Azevedo,
titular de la constructora Andrade
Gutierrez, son acusados de haber pagado sobornos por 35 millones de
dólares, que podrían ascender a 240 millones de dólares, a altos ejecutivos de
Petrobras.
Darío Pignotti
Desde
Brasilia Página /12 sábado 20 de junio del 2015.
El presidente de la
empresa Odebrecht, la mayor constructora de Brasila, fue detenido ayer junto a
otro empresario del mismo ramo acusados de participar en el esquema de
corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocido como Lava Jato (lavado
rápido), por el que ya hay varios ejecutivos y políticos detenidos. Marcelo
Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, titular de la constructora Andrade
Gutierrez, son acusados de haber pagado sobornos por 106 millones de reales (35
millones de dólares) que podrían ascender a 720 millones de reales (240
millones de dólares) a altos ejecutivos de Petrobras.
Esas coimas se
depositaron en empresas off shore con cuentas en bancos de Panamá, Suiza y
Mónaco y corresponden a contratos obtenidos de forma fraudulenta por unos 17.000
millones de reales (5660 millones de dólares) por Odebrecht y 9000 millones de
reales (3000 millones dólares) en el caso de Andrade Gutierrez. Unos 200
agentes de la Policía Federal fueron desplegados en el operativo Erga Omnes
(expresión latina cuya traducción libre significa “nadie se salva”) realizado
en las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y San Pablo,
donde fueron allanadas las oficinas de las dos empresas.
“Considerando la
duración de este esquema criminal, que funciona por lo menos desde 2004, los
contratos multimillonarios y propinas millonarias, parece improbable que fuera
desconocido para los presidentes” de las compañías, dijo ayer el juez federal
Sergio Moro, a cargo de la causa “Lava Jato”, en el que están envueltas unas 20
empresas privadas que realizaron contratos con Petrobras. “Aparecieron indicios
concretos, no sólo en las declaraciones de testigos sino también documentos que
prueban de algún modo que ellos participaron de las negociaciones y el
direccionamiento de las licitaciones”, aseguró Igor Romario de Paula, comisario
de la Policía Federal.
El Ministerio Público
también los acusa de la formación de cárteles para el reparto de las
licitaciones abiertas, que crecieron bastante después de 2007 cuando fueron descubiertas
gigantescas reservas de crudo en aguas ultraprofundas de Río de Janeiro y San
Pablo. Hasta el momento la trama de corrupción del “Lava Jaro” causó un
perjuicio de unos 2000 millones de dólares a la petrolera estatal.
La noticia de las
detenciones ocurridas en la mañana de ayer se transformó inmediatamente en el
tema del día, y posiblemente será el del mes. Por la tarde el ministro jefe de
la Casa Civil, Aloísio Mercadante, ofreció una conferencia de prensa junto a
empresarios norteamericanos en el Palacio Itamaraty, Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la que participó este diario. Con gesto contrariado, Mercadante
explicó que los periodistas habían sido citados para tratar sobre la relación
con Estados Unidos y el próximo viaje a Washington de la presidenta Dilma
Rousseff, por lo que se limitó a decir que en Brasil impera el Estado de
Derecho, la división de poderes y que desconocía en detalle las prisiones
ocurridas por la mañana. Por cierto el asunto más comentado informalmente por
reporteros y algunos funcionarios reunidos en Itamaraty no era el encuentro con
empresarios norteamericanos sino las detenciones.
Marcelo Odebrecht, detenido ayer, acusado de pagar
coimas a altos ejecutivos de Petrobras. La corrupción está asesinando
directamente las instituciones, el sistema Democrático y la propia sociedad
brasileña.
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El senador Lindenberg
Farias, del gobernante Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro, afirmó
que la “corrupción de gerentes de Petrobras no implica a toda la empresa, esto
no puede ser una excusa para punir a Petrobras”, retirándole sus competencias
en la explotación de los megacampos de aguas profundas. Una ley de 2010,
elaborada por Rousseff, establece que la estatal participe en todos los pozos y
el Estado sea propietario del petróleo, al contrario de lo que sucedía con otra
norma sancionada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de
la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Lindenberg Farias habló el jueves en el recinto
del Senado cuando Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista, dijo que el PSDB,
principal adversario del gobierno, “está promoviendo” una ley orientada hacia
la “privatización” de Petrobras con el “pretexto” del escándalo.
En San Pablo el
vicepresidente Michel Temer dijo ayer que está sorprendido por las detenciones
y sostuvo que éstas no impedirán que esas empresas participen de futuras
licitaciones de grandes obras de infraestructura, en las que el gobierno
apuesta para retomar el crecimiento. Frente al retroceso de la economía,
estimado en el uno por ciento en 2015, Dilma lanzó recientemente un programa
obras por 66.000 millones de dólares en el que se espera contar con las grandes
constructoras nacionales.
Mientras el gobierno
defiende la tesis de que las grandes firmas brasileñas pueden participar en
estas obras a pesar de los escándalos, se advierte un lobby en el Congreso y
medios de comunicación para que se las excluya y favorezca a constructoras
extranjeras. Se trata de un asunto crucial para el Palacio del Planalto que
instruyó a la Abogacía General de la Unión para que formule un parecer que
respalde a las constructoras locales.
Otro dato de importancia
es que hasta ayer el juez Moro había ordenado la prisión de altos ejecutivos
pero no de propietarios como es el caso de Marcelo Odebrecht. Es sabido que
durante sus ocho años de gobierno Luiz Inácio Lula da Silva estimuló las
inversiones de multinacionales brasileñas en el exterior, y que la nave
insignia fue Odebrecht. Por esta razón en los mentideros del PT se sostiene que
al mandar preso precisamente al titular de esa firma hay una señal velada del
juez Moro, insospechado de petista, contra Lula.
Durante el V Congreso
del PT concluido el sábado pasado algunos dirigentes acusaron a sectores de la
Justicia de estar implicados en una campaña para desprestigiar a Lula y
“construir pruebas” sobre bases falsas para procesarlo y dejarlo fuera de la
carrera presidencial de 2018. En ese sentido se mencionó la forma “abusiva” con
que el magistrado Moro echa mano de las delaciones premiadas de ex gerentes de
Petrobras, que acceden a ese instituto para reducir sus penas.
Precisamente
los detenidos ayer, Marcelo Odebrecht y Octavio Márques de Azevedo, fueron
acusados por un ex director de Petrobras, Costa, que gracias a esa confesión
ahora vive en libertad vigilada en su lujoso departamento de Río de Janeiro.
Los dos citados y cinco ejecutivos fueron trasladados ayer por la tarde de San
Pablo hacia Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, donde serán indagados
por el juez Moro que ordenó que el bloqueo de 20 millones de reales (6,6
millones de dólares) de las cuentas bancarias de cada uno de los imputados.
Esta semana Marcelo Odebrecht había manifestado su rechazo a las acusaciones de
la oposición contra las obras de la empresa en el exterior y que contaron con
el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).
Esa firma realizó varios proyectos en varios países desde hace décadas y
durante los gobiernos de Lula se celebraron nuevos acuerdos, como los que
permitieron la ampliación del metro de Caracas y del Puerto de Mariel en Cuba.
Junto con el endurecimiento de la campaña por el impeachment contra Dilma y la
radicalización conservadora, la oposición impulsa la creación de una Comisión
Parlamentaria de Investigaciones sobre los préstamos del Bndes, con la mira en
el puerto cubano. “Se colocó este tema en la línea de fuego del embate
político, en este tema no hay nada ilegal ni inmoral, por el contrario... el
gobierno brasileño tiene que apoyar a las empresas extranjeras en el exterior”,
se quejó Odebrecht el lunes último. “Creo que en este embate, como la apertura
de los archivos de Itamaraty (para conocer las negociaciones con Cuba), hay una
gran movilización en contra. Permitirá quebrar esas falacias de que se hacen
obras en el exterior (mientras no se hacen en el país), espero que se esclarezca todo”, sostuvo el
empresario que desde ayer está preso.
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