De
Canadá hasta Argentina y Chile en sur del Continente, no hay un solo
país donde hoy nos informe con transparencia pública que respetan los derechos
de los pueblos originarios. En lo principal son las tierras de la comunidades
las que invadidas, expropiadas, contaminadas por las corporaciones transnacionales – básicamente
petroleras y mineras – las que hoy en forma prepotente, con violencia y siempre
contando con el apoyo – y la venia política - de los gobiernos de turno, han
creado – y seguirán creando – pobreza, exclusión,
marginación en poblaciones enteras, así como llegan hasta presentar denuncias inventadas, falsos juicios y
asesinatos de su dirigentes y para ello cuentan con el fiel servicio de
leyes, fiscales y jueces; incluso en algunos países con “aparatos ilegales” de
carácter criminal que sirve para justificar las tropelías que cometen algunos
servidores (siempre protegidos por los poderes oscuros). En países Amazónicos como por ejemplo Perú y Brasil, la devastación de miles de hectáreas para la siembra
de productos ilegales (deforestación
en la actualidad es criminal) o la construcción de Centrales Hidroeléctricas, o venta, alquiler o hipoteca de millones
de hectáreas de tierras de cultivo a las corporaciones, para la producción del etanol, donde se cometen
graves ataques contra los derechos humanos de los pueblos originarios y
asesinatos de sus principales dirigentes. Finalmente
cuántos son realmente los conflictos sociales – hoy la mayoría invisibles –
existentes en las tierras de las comunidades indígenas o en el medio ambiente,
o en los ríos de los pueblos originarios
que las corporaciones transnacionales –
del capital corporativo global – provocan con su irresponsabilidad y para
ello tienen todo el apoyo y aceptación de los gobiernos de turno. Si en el siglo XX se expresaba, bendita
y sagrada democracia en tú nombre
cuantos crímenes se habrán cometido y se seguirán cometiendo, ahora desde los inicios del siglo XXI – tiempos del Consenso de los Commodities – expresamos:
“necesaria y respetada” gran-inversión
en tu nombre cuantos crímenes se han cometido y se seguirán cometiendo, como
nos dice el respetado Profesor y Premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz, “acaso ese es el precio que debemos pagar por la
maldición de ser propietarios de muchos recursos naturales” (recordemos que somos uno de los países mega-diversos del mundo) hoy verdadero “Tesoro de la Reina” para las
corporaciones transnacionales.
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Amnistía Internacional en Argentina abrió una página
como herramienta de consulta abierta.
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ARGENTINA: LOS CONFLICTOS
INVISIBLES.
AMNISTÍA y un Informe que contabiliza 183
reclamos de tierras de Comunidades Indígenas.
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Un informe de la sección
local de Amnistía Internacional menciona 183 conflictos que mantienen
comunidades indígenas en el país por distintas violaciones a sus territorios.
La organización abrió una página web como herramienta para dar visibilidad a
los reclamos.
Por Carlos Rodríguez.
Página /12 miércoles 23 de septiembre del 2015.
Un
informe elaborado por Amnistía Internacional Argentina da cuenta de la
existencia de 183 conflictos indígenas en el territorio nacional en los que se
han registrado situaciones “de violencia y exclusión” de las que son víctimas
los habitantes de diferentes comunidades. Con el propósito de darles
visibilidad a esos conflictos y de colaborar en la búsqueda de soluciones por
parte de las autoridades nacionales y provinciales, el organismo internacional
abrió una página web denominada www.territorioindigena.com.ar, presentada como “una
herramienta de consulta abierta con actualización periódica” que está a
disposición de todas las comunidades que lo requieran. Dentro del universo de
situaciones, se resaltaron seis de los casos para poner en evidencia “la
significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales,
nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva
aplicación”.
Se trata de hechos tan
diversos como el asesinato impune de un miembro de una de esas comunidades, de
empresas petroleras que vulneran derechos, de un sitio sagrado usurpado por
empresarios, de obras de infraestructura que inundan territorios indígenas, de
una mujer mapuche llevada a juicio sin respetar su derecho de defensa y que
podría recibir una condena a prisión, y de la larga lucha de la comunidad qom
de La Primavera, conflicto que ha trascendido las fronteras porque el reclamo
llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El mapeo realizado por
Amnistía denuncia la presencia de 183 conflictos en la Argentina, en los cuales
las comunidades indígenas vienen exigiendo desde hace años “el cumplimiento de
sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas
(agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y
fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”.
Amnistía Internacional
aclara que el relevamiento “no pretende ser concluyente, sino que es el
comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose
sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo
con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas”.
Amnistía destacó que
“mientras la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al
territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y
pobreza”.
“El Estado reconoce en
la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más
de treinta pueblos originarios” y a la vez “admite que se trata de un
‘subregistro’ y que son muchos más. Aún así, un discurso recurrente se refiere
a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que
está viva y presente en la actualidad”, explicó Mariela Belski, directora
ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en referencia a la distancia que
existe entre los derechos reconocidos en las leyes y su aplicación frente a
hechos concretos.
El mapeo fue realizado
con el aporte y colaboración de las organizaciones AADI, Andhes, Defensoría del
Pueblo de la Nación, Endepa, Gajat y Serpaj. Todos los casos relevados han sido
difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan.
Uno de los casos es el
de la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh, conocida como “La Primavera”,
que vive en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa desde antes de
la colonización. Es uno de los más paradigmáticos y “da cuenta de la situación
de violencia, discriminación y exclusión de los pueblos originarios en
Argentina”. La comunidad sigue reclamando por la devolución y titulación de su
territorio, lo que ha dado lugar a “numerosos hechos de violencia y represión”,
mientras que su líder, Félix Díaz, enfrenta “procesos penales utilizados como
estrategia para silenciar su voz y la defensa de su pueblo”.
El conflicto tuvo su
origen en 1985, cuando no se entregaron correctamente las tierras cedidas
originalmente por decreto de 1940. En 2010 “el gobierno, de manera inconsulta,
avanzó con la construcción de una universidad nacional en territorio ancestral”
y ello derivó en una serie de acciones de la comunidad para hacer valer sus
derechos, sin haber podido avanzar para lograrlos. El hecho de mayor gravedad
ocurrió el 23 de noviembre de 2010, cuando la policía provincial disolvió con
violencia una medida de protesta, lo que derivó en las muertes de un habitante
de la comunidad y un policía.
Los otros casos son los
siguientes:
- La comunidad quilmes
lucha por recuperar su territorio en los Valles Calchaquíes, en la provincia de
Tucumán, donde también se produjeron hechos de violencia ejecutados por los
usurpadores.
- En la localidad
tucumana de Chuschagasta, el 12 de octubre de 2009 fue asesinado el cacique
Javier Chocobar, en el marco del intento del terrateniente Darío Amín por
apropiarse de una cantera de piedra de la comunidad de Los Chuschagasta. Del
crimen participaron dos ex agentes de policía. En el hecho fueron heridos otros
tres integrantes de la misma comunidad. A pesar de las pruebas, la Cámara de
Apelaciones en lo Penal de Tucumán dejó en libertad a los acusados. El caso fue
elevado a juicio oral en agosto de 2011, pero todavía no se ha realizado.
- La comunidad pilagá El
Descanso, integrada por 130 personas, vive en la zona del Bañado la Estrella,
en la provincia de Formosa, de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar
de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno provincial
ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas
del bañado. A pesar de la contundencia de los informes a favor de la comunidad,
incluyendo el realizado por Amnistía, los pilagá siguen sin poder hacer valer
sus derechos.
- En 2011, YPF-Repsol anunció
el descubrimiento de la formación petrolera Vaca Muerta y su interés de
explotarla. A partir de entonces, la comunidad Campo Maripe comenzó a padecer
un proceso de hostigamiento en sus tierras. La comunidad y la Confederación
Mapuche exigen que se implemente el derecho a consulta. Sin respuestas, y ante
la aceleración de la explotación, el conflicto ha recrudecido desde 2014.
- El
28 de diciembre de 2012, mientras tenía lugar un entierro mapuche la Justicia
libró una orden de desalojo contra la comunidad Winkul Newen del pueblo
mapuche, ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, provincia de Neuquén. El juicio comenzará
el 26 de octubre y puede ser la primera condena por un conflicto territorial
mapuche.
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