Varios
índices se están haciendo presentes en el escenario político-judicial chileno. Uno de
ellos es, según lo que especialistas han identificado en el estudio de la corrupción en países como Italia, la
ausencia de formas tajantes de reprobación moral o de censura con respecto a
los propios miembros de su clase social
o del parlamento involucrados en prácticas de corrupción. Tal como ocurre
hoy en Chile donde los senadores Tuma, Pizarro, Rossi, von Baer y Moreira
ni siquiera se inhabilitarán para votar para elegir el Fiscal Nacional, ni sus
colegas parlamentarios pedirán que lo hagan, ni menos exigirán sus renuncias.
Algo así
como una suerte de Omertà o ley del silencio a la chilensis funciona
entonces.
Otro
índice del avance de las prácticas corruptas, que pasan a ser consideradas comportamientos normales, es que el
oprobio recae sólo en algunos operadores o fusibles como Warner, Martelli o Valdés (el hombre de Piñera en Bancard). Son éstos los que deben enfrentar directamente
la justicia. Pero los políticos que se han beneficiado con las prácticas
ilegales de sus testaferros o palos
blancos siguen viajando tranquilos, discurseando y preparando otras movidas
electorales. Y si los “operadores” hablan y revelan sus verdades para salvar su
pellejo, son ostracizados, como parece haberle ocurrido a Giorgio Martelli el recaudador de Rosenblut y
Peñailillo para la campaña de Michelle Bachelet.
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Decenas de miles de chilenos
marcharon frente al palacio presidencial de La Moneda, en medio de la ola de
acusaciones de corrupción contra políticos de gobierno y oposición. "Ni
corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación", gritaron los
jóvenes, acompañados por profesores y otros ciudadanos, en la primera gran
protesta de este año.
***
CHILE. CORRUPCIÓN DE LA CASTA
POLÍTICA-EMPRESARIAL: Se ha franqueado otra etapa.
*****
Leopoldo Lavín Mujica.
Rebelión miércoles 7 de octubre del 2015.
¿Hay de qué extrañarse cuando tribunales de justicia
o cortes penales internacionales fallan desfavorablemente contra Chile? No
influye acaso un estigma que viene de la dictadura y que se ha perpetuado en el
tiempo ya que Chile es considerado en el medio jurídico global como un país
corrupto. Realidad que los medios, los círculos diplomáticos y la casta
político-empresarial le ocultan sistemáticamente a la ciudadanía y al pueblo de
Chile.
El medio jurídico internacional sabe que Pinochet
fue rescatado por el Estado chileno y por su “diplomacia” de manos de la
justicia española e inglesa para que pudiera gozar de la libertad total y
muriera inocentado en su patria pisoteada por la bota militar, sin justicia y
en impunidad.
Hoy, y pese a las apariencias engañosas, de manera
gradual e imperceptible, la casta política nacional ha pasado a un grado mayor
de tolerancia de sus propias prácticas corruptas. Aquél en que los actores
hegemónicos del sistema político comienzan a obstruir mediante mecanismos
parlamentarios disponibles la investigación de prácticas corruptas y, además, a
objetar las decisiones de trasparencia del poder judicial.
Por un lado, los diputados Andrade (PS) y Jaramillo
(PPD) se opusieron a que la comisión de la cámara sobre el caso Caval, que
investiga los negocios especulativos del entorno familiar próximo de la
presidenta Bachelet con el Banco de Chile de propiedad del clan Luksic,
prolongara sus trabajos.
Por otro, la decisión del Cuarto Juzgado de
Garantía de Santiago de romper con el secreto de los aportes reservados a
campañas políticas por parte del holding Cencosud, de propiedad de Horst
Paulmann, de Quiñenco, empresa clave del grupo Luksic, y de la
sociedad anónima AntarChile, controlada por el grupo Angelini ha
sido criticada en bloque por amplios sectores de la casta que controla la vida
política post-dictadura. Según ellos, ésta “vulneraría la ley” al levantar el
velo del secreto y sería contraria a la naturaleza de las “contribuciones”
empresariales.
Es una evidencia que el único sentido que la
derecha rancia le da a la ley es el que le conviene; en la cultura nacional de
la impunidad que ella misma ha propiciado. Pero no sólo la UDI quiere usar su
interpretación del “espíritu” de la norma legal para impedir que se sepa
quiénes le financian la política (y los privilegios), sino que también una
amplia gama de políticos de la Nueva Mayoría temen que quede bien sentado cómo
la oligarquía empresarial les otorga fondos reservados para así amarrarlos y
obtener favores.
Por supuesto que la defensa de intereses
corporativos les lleva a defender posiciones de casta al afirmar que “alzar el
secreto de aportes reservados (empresariales) generaría un complejo escenario y
vulneraría la ley”. Estrategia semántica que raya en el catastrofismo
discursivo cuando de lo que se trata es de transparencia republicana y punto.
Se han opuesto a tal decisión con una retórica similar
el socialista Carlos Montes (“un problema fuerte”), los presidentes de partidos
Hernán Larraín-UDI (“no se puede violar esa obligación”), Jaime Quintana-PPD
(“se aparta del espíritu de la norma”) y Jorge Pizarro-DC (quien defiende
apasionadamente el rugby y los intereses de la casta afirma que “es muy extraña
la resolución).
Poco importan las circunstancias de la decisión que
permitiría al fiscal Ezio Braghetto acceder a los montos y fuentes de estos
aportes, lo importante es que podrá saberse quiénes son los políticos
financiados con platas sucias y por cuáles empresarios. Lo que permitiría a los
ciudadanos entender las motivaciones detrás de las leyes que votan los
parlamentarios. Y así constatar que no es el “bien superior de la nación” el
que determina muchas leyes (como la Ley de Pesca que favorece a 16 familias)
sino que los mundanales intereses del empresariado (ganancias y aumento de
capital). Los mismos que en “pie de guerra” obtendrán una ley laboral que les
acomoda una vez más y que posterga los derechos sindicales. Y esto con la
anuencia de parlamentarios de la NM y de sus representantes en la CUT.
Chile suele ser descrito como
uno de los países menos corruptos de América Latina, un lugar donde las coimas,
sobornos o mordidas no abundan como en otros rincones. De hecho, las mediciones
de la organización no gubernamental Transparencia Internacional suelen colocar
a Chile en los primeros puestos de su índice de transparencia, que mide la
percepción que los ciudadanos tienen de la corrupción en sus países. Quizás por
eso un escándalo político, el llamado Caso Penta o "Pentagate", ha
sacudido a los partidos, a los medios y a la sociedad chilena, salpicando
además a uno de los principales grupos de la derecha, la Unión Demócrata
Independiente (UDI) y a conocidos empresarios nacionales. Vea como la BBC
describe al mundo el Pentagate.
***
E hilando más fino, cabe hacer notar que en sus
ponencias ante el pleno de la Corte Suprema ninguno de los candidatos a Fiscal
Nacional elegidos en la quina se refirió al principio elemental que hoy hay que
reafirmar: que nadie está por encima de la ley. Y tampoco al otro que a la
ciudadanía le gustaría escuchar: que los poderosos no pueden escapar a su
imperio. Sin embargo, los piadosos llamados a combatir “la sensación de
impunidad contra los delitos de propiedad” no se refiere a que los grandes
propietarios queden impunes en sus delitos de lesa democracia sino a la
criminalidad corriente en un país de gran desigualdad social. Dos varas para
medir los delitos en el país del mayor foso de la desigualdad social del
planeta. Mire solamente quiénes repletan las cárceles, para distinguir el
carácter clasista de la justicia.
Y si el dinero es sólo uno de los aspectos de la
influencia que los propietarios del capital ejercen sobre los políticos —los
otros incumben al origen de clase, las redes de influencia y los códigos
culturales compartidos— es sin lugar a dudas un factor determinante en la
convergencia entre poder político y económico cuya resultante es un sistema de
dominación basado en la propiedad y el poder del gran capital. Es decir, en la
existencia de una asimetría o desequilibrio de poder fundamental entre grandes
propietarios y trabajadores que reproduce el sistema de dominación, la desigualdad
social, la dictadura del capital y la justicia de clase de la manera más
natural posible.
NUEVOS INDICES DE CORRUPCIÓN.
Varios índices se están haciendo presentes en el
escenario político-judicial chileno. Uno de ellos es, según lo que
especialistas han identificado en el estudio de la corrupción en países como
Italia, la ausencia de formas tajantes de reprobación moral o de censura con
respecto a los propios miembros de su clase social o del parlamento
involucrados en prácticas de corrupción. Tal como ocurre hoy en Chile donde los
senadores Tuma, Pizarro, Rossi, von Baer y Moreira ni siquiera se inhabilitarán
para votar para elegir el Fiscal Nacional, ni sus colegas parlamentarios
pedirán que lo hagan, ni menos exigirán sus renuncias.
Algo así como una suerte de Omertà o ley del
silencio a la chilensis funciona entonces.
Otro índice del avance de las prácticas corruptas,
que pasan a ser consideradas comportamientos normales, es que el oprobio recae
sólo en algunos operadores o fusibles como Warner, Martelli o Valdés (el hombre
de Piñera en Bancard). Son éstos los que deben enfrentar directamente la
justicia. Pero los políticos que se han beneficiado con las prácticas ilegales
de sus testaferros o palos blancos siguen viajando tranquilos, discurseando y
preparando otras movidas electorales. Y si los “operadores” hablan y revelan
sus verdades para salvar su pellejo, son ostracizados, como parece haberle
ocurrido a Giorgio Martelli el recaudador de Rosenblut y Peñailillo para la
campaña de Michelle Bachelet.
El juez Italiano Roberto Scarpinato (2015) en su
libro (Le retour du prince. Pouvoir & criminalité) sobre la
corrupción en Italia escribe en la página 165: “En Inglaterra la máxima
emblemática “honesty is the best policy” (la honestidad es la mejor política)
junto con la tradición del accountability (rendir cuentas claras) hacen
que el político que se ve apenas rozado por un escándalo, o renuncia al cargo o
es excluido de la vida parlamentaria por hechos que en Italia serían
considerados “pecados veniales”.
El juez anti mafia entrega un ejemplo: “En Alemania
el ex canciller Helmut Kohl, uno de los padres de la reunificación alemana,
desapareció de la escena pública después de un financiamiento de su partido,
que en Italia hubiera sido considerado como un pelo de la cola”. Lo mismo que
en Chile.
Y después de referirse a los Estados Unidos y a un
artículo de Alexander Stille titulado “El país donde los poderosos van a la
cárcel” (habría que agregar que en EE.UU la lista de los políticos y
empresarios condenados que hacen prisión efectiva y no domiciliaria es larga),
el juez Scarpinato termina su idea en lo alto de la página 167 escribiendo: “en
lo que respecta a nuestro país (Italia) pareciera reinar un sistema de
selección de las clases dirigentes comparable al de Argentina, Brasil y Chile y
de otros países pre modernos”. Huelgan los comentarios acerca de la bola de
cristal o de un agudo conocimiento del juez anti mafia acerca de la naturaleza
de los sistemas políticos del Cono Sur y de la inmoralidad de las castas
políticas sudamericanas.
Y cómo preguntábamos al comienzo, ¿de qué
extrañarse entonces cuando los tribunales de justicia o cortes internacionales
fallan desfavorablemente contra Chile? ¿No se debe acaso a un estigma que viene
de la dictadura y que se ha perpetuado en el tiempo ya que Chile sigue siendo
considerado en el medio jurídico global como un país corrupto? Realidad que los
medios, los círculos diplomáticos y la casta político-empresarial le ocultan
sistemáticamente a la ciudadanía y al pueblo de Chile.
Y en otro plano esta realidad les juega en contra
en su política internacional puesto que hace que Evo Morales sea considerado un
niño de pecho al lado de una casta político-diplomática-empresarial con
antecedentes —hoy evidentes— de corrupción.
Sólo
un gran salto democrático adelante que permita desembarazarse de la casta
gobernante en su conjunto podrá hacer una limpieza de imagen del país.
——--—
(*) Saverio Lodato, Roberto Scarpinato, con
prefacio de Edwy Plenel, Le retour du prince. Pouvoir & criminalité.
Éditions la Contre allée, 2015.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso
del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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