lunes, 19 de octubre de 2015

DERECHAS EN EL PODER. LOS CASOS DE COLOMBIA, PERÚ Y CHILE.

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Hay realidades incuestionables en los tres gobiernos: a pesar del discurso político “nacional· “popular” de “inclusión social” de implementar “exitosos” programas sociales, pero cada uno de ellos no pueden salir de una Constitución que vienen de tiempos de la dictadura (Chile y Perú) o de una guerra interna, de las décadas (caso Colombia) o un proceso interno de producción del narcotráfico (Perú Colombia)  pero a todos ellos los une una derecha político-financiera-empresarial la única beneficiada en forma absoluta por la década de crecimiento macro-económico, están también juntos, por políticas internas de desconocimiento  o marginación de los derechos sociales – disminución de los derechos políticos – pero sí “hermanados”  en el total liquidación de los derechos laborales de los trabajadores. Además la década de crecimiento macro-económico, ha logrado “disminuir” la pobreza monetaria, pero en cambio se acentuó en forma fría, violenta e injusta la extrema pobreza en regiones apartadas de los centro de Poder y hoy es una realidad la extrema y extensa desigualdad económico-social. Su perspectiva es hoy hacia el fortalecimiento político de esta extrema., fría y violenta realidad, la desigualdad-económico social.

En los tres países, hoy no solo encontramos – a pesar del movimiento político de la Izquierda Nacional en Chile – (pero la constitución de la dictadura pinochetista) lo tiene amputada las manos – la “vigencia” hegemónica de las políticas neoliberales que en el caso de las protestas con relación a los Movimientos Sociales (Estudiantes y pueblos Mapuches en Chile), (Pueblos Originarios y Comunidades Históricas en Perú) y (Campesinos, Pueblos Originarios en Colombia) existe una sola respuesta La ausencia de Diálogo como Política Nacional – total ausencia de políticas de consenso) la respuesta de los Gobiernos – con ciertas diferencias en la violenta como política desde el Poder – es muy común sus políticas de criminalización de las protestas sociales y su plena identificación de favorecer y garantizar los intereses de las transnacionales y del capital corporativo global en general.

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La representación política de la Derecha político-financiero-empresarial de América latina. No están todos pero, con seguridad deben "aparecer" para la foto.
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DERECHAS EN EL PODER. LOS CASOS DE COLOMBIA, PERÚ Y CHILE.
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Ava  Gómez Daza.

Nicolás Lynch.

Pedro Santander.

ALAI. América Latina en Movimiento. Jueves 15 de octubre del 2015.

¿Cuán asumible es “ser de derecha” en América Latina, a una década y media de la aparición del eje “posneoliberal”?. En el caso de países con procesos de cambio parece que es parte del “pasado neoliberal”, ¿y en los países gobernados por la derecha?

¿Cómo gobiernan los gobiernos de derecha en esta nueva etapa latinoamericana? ¿Exactamente igual a cuando la hegemonía neoliberal era férrea en todo el continente? ¿Qué componentes hay de continuidad y cuáles de cambio en cada caso nacional? ¿hay alguna línea en común en este sentido a nivel regional? ¿por ejemplo un cambio/moderación en el discurso que ya no es tan abiertamente neoliberal? ¿o sigue siéndolo?

La crisis del neoliberalismo dio paso en diferentes países de la región al surgimiento de fuerzas de nueva izquierda que lograron llegar al poder, en otros casos la derecha consiguió conservar sus posiciones, pero no sin una reconfiguración de sus discursos, hoy aggiornados al clima de época que vive América Latina, donde, a diferencia de lo que ocurre en otros rincones del mundo, el programa neoliberal no parece tener grandes posibilidades de triunfar en las urnas. Hay ciertos componentes que nos permiten pensar que estamos asistiendo a una nueva reconfiguración del campo de la derecha, a la emergencia de unas derechas del siglo XXI, que se caracterizan por su reacomodamiento al contexto político y social que los oficialismos progresistas y de izquierdas han ido creando en América Latina desde iniciado el siglo XXI.

En aquellos países donde las derechas son oposición, surgieron nuevos liderazgos y fuerzas políticas por fuera de las tradicionales estructuras partidarias –de la misma manera que en el campo de la izquierda emergieron liderazgos como el de Chávez, Correa o Evo Morales-, mientras que allí donde se mantienen en el poder la reconfiguración pasa por una re-lectura de los nuevos intereses y subjetividades de las mayorías sociales.

Con el ánimo de comenzar a delinear una lectura regional que nos permita dar cuenta de las líneas de continuidad pero sobre todo de los componentes novedosos que aparecen en las estrategias para gobernar de estas “derechas en el poder”, este escrito aborda los casos de Colombia, Perú, y el caso particular de Chile, donde los resortes del poder siguen estando en manos de sectores de derecha, a pesar de los importantes movimientos en términos de reconfiguración del campo popular que se viene produciendo en los últimos años.

Las derechas en el poder en estos países tienen, claramente, rasgos políticos propios que han sido analizados en profundidad por Camilo Soares, para el caso paraguayo, Pedro Santander para el caso chileno y Ava Gómez Daza con Colombia. Sin embargo, existen algunos elementos comunes en el ejercicio del poder y su posicionamiento ideológico de facto, a partir de los cuales vale la pena intentar el esfuerzo de una lectura regional, con miras a una caracterización amplia de los rasgos comunes de las “derechas en el poder” en la América Latina del siglo XXI.

De especial relevancia resulta el concepto de “bicefalia” que puede ser de utilidad para pensar cómo estos gobiernos -particularmente en el caso de Chile y Perú- presentan una clara disociación entre los discursos electorales, teñidos de consignas progresistas y voluntad de cambio, con las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio de gobierno. Esta notable disociación en algunos casos es producto de un deliberado uso de consignas progresistas de alta aceptación social, como las inversiones en educación y salud y fortalecimiento de la soberanía nacional y la integración regional han sido apropiados como capital discursivo electoral, para luego, al momento de ejercer el poder, dejarlas de lado por razones de “fuerza mayor”. 

En otros -y esta es una constante en todos los Estados gobernados por la derecha, aunque también en los que son gobernados por tendencias políticas progresistas moderadas- los marcos normativos vigentes fueron diseñados bien durante gobiernos de facto (como en el caso de Chile, cuya constitución es de raigambre pinochetista; el de Perú (sancionada tras el autogolpe de Fujimori; el de Guatemala, sancionada bajo el gobierno del general Mejía Victores; la constitución paraguaya, sancionada bajo el primer gobierno de Rodríguez Pedotti) o durante la década hegemónica del neoliberalismo en la región, como en el caso de Colombia (1991). Estos diseños político-institucionales tienen una fuerte impronta liberal que otorga especial importancia a la propiedad privada, no prevén mecanismos suficientes para prevenir y combatir las prácticas corruptas y los expolios a los bienes públicos, y el reconocimiento de derechos sociales y económicos es muy limitado. En este sentido, los gobiernos de derechas en la región ejercen su poder anclados en estructuras normativas derechizadas que no parecen dispuestos a modificar. Así, los elementos progresistas de sus campañas quedan en el plano discursivo, mientras profundizan las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la primarización de la economía y el expolio privado de los recursos públicos.

A pesar de que buena parte de estos gobiernos gozan de escasa simpatía popular y gobiernan en medio de una profunda desconfianza y decepción de su ciudadanía respecto de la política -en parte por sus traiciones electorales y en parte por los altos niveles de corrupción que caracterizan a sus gobiernos, las alternativas que pudieran estar representando los movimientos sociales y partidos de izquierda no consiguen consolidarse electoralmente. Lejos de los llamados al “diálogo y la no confrontación”, lo cierto es que estos gobiernos reprimen más o menos abiertamente las protestas y cierran espacios de deliberación y cualquier canal de expresión del descontento popular ante el deterioro de las garantías estatales para el ejercicio de los derechos sociales que, más o menos tímidamente, establecen las constituciones políticas de estos estados.


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