ARGENTINA. ALTO A LA REPRESIÓN. EL SR. MACRI CRIMINALIZA LA PROTESTA
SOCIAL.- Señor Almagro,
Secretario General de la OEA, Señores Dueños de los Medios de Prensa más
importantes de América latina, la SIP, Señores
Políticos. Señores Presidentes de Perú, Brasil, Paraguay, Chile, México, Costa
Rica; señores Políticos de los “Partidos Políticos” de Nuestra América.
Ustedes legendarios defensores de la DEMOCRACIA,
de la Libertad, de los Derechos Humanos.
“Maestros” en la Historia de América, que condenan todo tipo de dictaduras.
Ustedes feroces opositores del señor Maduro – dictador y violador de la
Libertad y cien acusaciones más-. Para
todos ustedes FIELES DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA, llevo a su información –
quizás sus amigos de la SIP – no les INFORMARON, porque son parte del gobierno,
como concentración de poderes facticos. En
ARGENTINA el Presidente sr. MACRI, compró nuevas armas
anti-motines, persigue y encarcela cualquier protesta social, su programa de
gobierno – en especial sus políticas de ajuste económico son un total fracaso,
los MAESTROS están en Huelga,
reclamando por sus DERECHOS, defienden la EDUCACIÓN
PÚBLICA, DE CALIDAD Y GRATUITA. Los SINDICATOS
están reclamando por sus derechos,
un SALARIO Justo. Pero Usted Sr.
Macri en vez de presentar alternativas o propuestas de SOLUCIÓN:
La Última Huelga General Nacional. Abril del 2017. La
dimensión social de PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la Protesta Social,
ha alcanzado límites sociales, jamás visto en los últimos años en toda la Argentina.
Sólo comparable con aquellos tiempos de finales del siglo XX cuando la gran
consigna política era "Que se vayan todos", después de la gran
crisis política de diciembre de 1999 y las sucesivas Renuncias de varios
Presidentes, con motivo de la gran crisis del neoliberalismo y el fracaso
absoluto de sus políticas fiscales. Dos décadas después, tener como única
respuesta política, el de Criminalizar los Movimientos Sociales, las
protesta social, es la alternativa más simple, - producto de mentes ultra-conservadoras
que agrede directamente a los derechos del Pueblo - políticas de alto riesgo social y político,
y que atenta contra los Derechos Humanos, como la respuesta más directa de los gobiernos de la
gran burguesía político-empresarial neoliberal. Represión, persecución política
y encarcelar a los principales dirigentes, - Milagro Sala, un verdadero problema social y política para el gobierno
del sr Macri - con el objetivo de imponer miedo y terror y al final lo único
que consiguen es mayor UNIDAD DEL PUEBLO y mayor capacidad de Lucha y
reafirmación de la CONFIANZA de la CIUDADANÍA en la defensa de sus
Derechos atentados, vulnerados y destruidos por las clases dominantes y sus gobiernos
de turno.
LA ESTRATEGIA DEL MIEDO. “Tras el ataque
a los Maestros, Macri anunció la adquisición de un blindado antipiquetes. El nuevo
armamento para la represión se suma al
proyecto de agravamiento de penas por la protesta social. Crece la criminalización de los opositores al ajuste, como argumento
electoral ante la decepción económica”.- Señores
Políticos, Presidentes, Periodistas, Líderes de Opinión, Sacerdotes – porque
también se metieron en la POLÍTICA -. En
ARGENTINA como respuesta democrática del Presidente es la CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES, CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS. Eso es DEMOCRACIA. Ustedes legendarios defensores de la Democracia, los CIUDADANOS DE A PIE de NUESTRA AMÉRICA, LA
PATRIA GRANDE, exigimos, su OPINIÓN.O
Todos seguirán el ejemplo, con el cuento de defender la Democracia y con plena
seguridad, con su silencio JUSTIFICARAN
la represión y el CRIMINALIZAR LA
PROTESTA SOCIAL. Despierte sr. Almagro, la Democracia está en peligro en todo
América. Pablo Raúl. Domingo 16 de abril del 2017.
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La Última Huelga General Nacional. Abril del 2017. La dimensión social de Participación Ciudadana en la Protesta Social, ha alcanzado límites sociales, jamás visto en los últimos años en toda la Argentina. Sólo comparable con aquellos tiempos de finales de siglo cuando la gran consigna política era "Que se vayan todos", después de la gran crisis política de diciembre de 1999 y las sucesivas Renuncias de varios Presidentes, con motivo de la gran crisis del neoliberalismo y el fracaso absoluto de sus políticas fiscales.
***
TEOLOGÍA POLÍTICA.LA
ESTRATEGIA DEL MIEDO.
Macri en campaña, a golpes y
empujones.
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Horacio Verbitsky.
Página /12 domingo 16 de abril del
2017.
Al día siguiente de la represión a los docentes
Macrì anunció en su página oficial la adquisición de un blindado antipiquetes
que hace cinco años ya le habían ofrecido a Scioli. Además lanzó como globo de
ensayo un proyecto de ley sin firma que pena los piquetes con hasta diez años
de cárcel. Crece la represión en Jujuy. Ley y orden como argumento proselitista
que compense el letargo profundo de la economía donde pocas cosas crecen más
que los precios.
A las dos de la tarde del martes 11 el sitio web
gubernamental “Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” incluyó la foto que
acompaña esta nota, del blindado sudafricano Maverick. Según el contexto, esa
palabra inglesa puede traducirse como disidente, rebelde, inconformista,
librepensador, heterodoxo, pero la página presidencial lo llama “blindado
antipiquetes”. El post de Macrì remite a una publinota del portal Infobae del
22 de noviembre de 2012, cuando gobernaba CFK, y Macrì comenzaba su segundo
mandato como intendente de la Capital. Esa página auspiciada por el fabricante
y su socio argentino, brinda los detalles técnicos del ingenio, generosamente
acompañados por nada menos que 18 fotografías y un video, que lo muestran por
dentro y por fuera, de frente y de perfil, estacionado y en acción. La
presentación corrió a cargo del CEO del Paramount Group de Sudáfrica, John
Craig, y del presidente de la Corporación para la Defensa del Sur (Codesur),
Mario Montoto, acompañados por José Scioli, hermano del entonces gobernador de
la provincia de Buenos Aires quien, según informaron había analizado con los
vendedores la posibilidad de adquirir algunas unidades y luego fabricarlas en
el país para exportar a la región. “Desarrollamos nuestros productos donde se
encuentren nuestros clientes. Vemos un gran potencial en la región y hemos
demostrado nuestra intención de estar en este lugar del mundo”, explicó sin
asomo de humor John Craig. Agregó que se trata de un vehículo de seguridad
interior, desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden
público y operaciones especiales; tiene capacidad para un conductor, comandante
y un escuadrón de 10 a 12 policías antimotines; cuenta con vidrios blindados,
cámara de circuito cerrado y es apto para la instalación de sistemas de
armamento, dependiendo del tipo de misión. También hay una versión hidrante con
un cañón de agua y otros sistemas no letales. Para su comercialización en la
Argentina, el nombre original fue suplantado por otro más afín al ser
nacional-policial: Halcón. Aquel desembarco no tuvo consecuencias. Scioli
apenas podía llegar a fin de mes con ayuda del gobierno nacional, de modo que
no estaba para la incorporación de juguetes tan costosos como inaplicables
dentro de aquel contexto político.
Esta vez no se trata de un reclame de la empresa
interesada en el negocio sino de una publicación en el sitio web del jefe
supremo de la Nación. Como dato complementario, el día anterior la Policía
Federal había golpeado en la Plaza de los Dos Congresos a los docentes que
querían instalar la Escuela Itinerante, para exponer su posición respecto de la
paritaria nacional. Según el gobierno el salario mínimo ya había sido garantizado
por decreto, de modo que no era necesario convocar a la paritaria nacional
dispuesta por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075/06 y
su Decreto Reglamentario 457/07. No es así: el artículo 4 del acta firmada en
el ministerio de Trabajo el 25 de febrero, luego de una reunión en la que los
sindicalistas docentes discutieron con los ministros Esteban Bullrich y Jorge
Triacca, dice que el salario docente deberá estar al menos un 20 por ciento por
encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero agrega: “Sin perjuicio de lo que
se acuerde en la paritaria salarial docente; si esto ocurriere, automáticamente
deberá actualizarse”. Esto desmiente que no sea necesario convocar a la
paritaria nacional que ordena la ley.
En los días siguientes la página presidencial se
ocupó de denigrar a los maestros y su posición. Con la misma solemnidad que
John Craig, “Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” recrimina a los docentes
por una remera que se ofrece en venta en la Escuela Itinerante y en la que se
lee: “En el país de los globos, el forro es rey”. El domingo pasado, La Nación
informó que Macrì “evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes.
Resolvió profundizar su batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se
analizan inversiones en grúas, equipos para dispersión y reducción de
activistas”. Está claro que el contexto ha cambiado.
Orden presidencial.
Antes de que se desatara la represión frente al
Congreso, los docentes que intentaron montar la Escuela Itinerante dialogaron
largamente con los jefes del operativo policial dispuesto para impedirlo. Uno
de ellos les confesó su conflicto personal, porque tenía una hija maestra que
compartía la reivindicación colectiva, por la convocatoria de la paritaria
nacional. “Nosotros no deberíamos estar aquí”, les dijo. Uno de los
responsables se apartaba para efectuar consultas telefónicas, un estilo de
negociación que se viene practicando en forma regular desde la crisis de fin de
siglo con resultados moderadores. Luego de uno de esos contactos, los efectivos
de la Policía Federal bajaron la visera de sus cascos de Robocop y con escudos
y garrotes en ristre embistieron contra los trabajadores de la educación. “La
orden viene directamente de presidencia”, se disculpó uno de los oficiales que
mantenía el contacto con los maestros. Con rostros cubiertos, sin placa de
identificación y a palos, la fuerza policial lastimó y tomó detenidos. La
posterior fundamentación oficial fue que no se habían cumplido los requisitos
burocráticos para la solicitud del permiso que, según ellos, debe tener
precedencia sobre instrumentos superiores, como la Constitución Nacional y los
tratados internacionales de Derechos Humanos, que garantizan la protesta social
y ponen límites a su represión, según las necesidades de una sociedad
democrática.
Ya el jueves 6, día del imponente paro general, el
presidente Maurizio Macrì había felicitado a sus dos ministros Bullrich por la
violencia ejercida contra quienes piqueteaban los accesos a la Capital. Aunque
hubo una coincidencia política en desviar la atención de la unanimidad en el
repudio al modelo económico-social y restar protagonismo a las centrales
sindicales, la izquierda trotskista ejercía un derecho mientras el gobierno
nacional lo reprimía, una diferencia no menor, sin equivalencia moral ni
jurídica posible. Una digresión, marginal pero significativa. Los roles que hoy
asumen Patricia Bullrich y Mario Montoto en el negocio de la parafernalia
represiva, muestran la heterogeneidad de quienes participaron en las
organizaciones revolucionarias del último tercio del siglo pasado. Hubo quienes
se comprometieron en la defensa de los derechos y el bienestar del pueblo, pese
a que ello implicara entonces ciertos niveles de violencia, pero también
aquellos que sólo cedieron a su fascinación por las armas. Hoy no es difícil
distinguir a unos de otros.
Marche preso.
Además de las vías del hecho, el gobierno intenta
modificar la legislación para convertir derechos constitucionales en delitos
penados por la ley, con un titulado Proyecto de ley de reforma al Código Penal
contra agresiones en piquetes e intimidación pública. Sus considerandos repasan
los artículos de la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos
de la Corte Suprema de Justicia argentina y estadounidense, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y del correspondiente Tribunal Europeo que
consagran el derecho de reunión, a manifestarse pacíficamente y a peticionar a
las autoridades, que constituyen “la columna vertebral del estado de derecho y
la vida democrática”. Pero luego de esta enumeración, aduce que esos derechos
requieren de una revisión profunda “a la luz de los hechos violentos que a
diario se cometen y que poco a poco internalizamos como normales o inevitables,
cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos
constitucionales de la mayoría del cuerpo social o lisa y llanamente delitos
(intimidaciones, amenazas y privación de libertad a ciudadanos que no
participan en manifestaciones, extorsiones a las autoridades de la Constitución
y ataques a las fuerzas de seguridad). Cabe entonces definir y reglamentar,
desde la legislación, el alcance del derecho a manifestarse públicamente, no
como una norma legislativa original, sino procurando interpretar y aplicar las
normas de la CN, las leyes vigentes, los tratados internacionales, la
jurisprudencia y el sentido común”. Luego de recordar el Protocolo de Actuación
de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, difundido
por el Ministerio de Seguridad a poco del cambio de gobierno, los considerandos
afirman que las decisiones finales no pueden dejarse “en manos de autoridades
inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes
diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar
la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación,
objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral
o a la hipocresía descarada. Frente al debate de legos y de expertos, que
parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras
cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos
necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas
en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los
jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir,
detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en
tales ilícitos”. El articulado modifica cinco artículos del Código Penal (104,
149 bis y ter, 184 y 194) y agrava penas o establece nuevas, de hasta diez años
de prisión. De mayor a menor:
- De 5 a 10 años de prisión o reclusión por amenazas tendientes a obtener “alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” (149 ter);
- De 2 a 6 años para quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de cualquier transporte o servicio público en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación (194).
- De 3 meses a 2 años si el mismo entorpecimiento no incluye los indefinidos elementos contundentes (194).
- De 3 meses a 4 años de prisión por destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar una cosa mueble, o inmueble o un animal ajeno, si fuere para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones o durante “una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir la identificación del agresor” (184).
- De 1 a 3 años a quien en una manifestación pública utilice en contra de una persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación (104).
Acaso con conciencia de la dificultad política de
conseguir mayoría para un acto de prestidigitación jurídica tan aberrante y
advertido de su segura declaración de inconstitucionalidad en distintos lugares
del país por jueces de todos los niveles, el proyecto de ley con los propósitos
oficiales no tiene firma ni fue presentado con las formalidades del caso, pero
circuló ampliamente en la Cámara de Diputados, distribuido por personal de la
Alianza Cambiemos. En cualquier caso, contribuye al clima de intimidación con
que el gobierno fantasea en superar la prueba electoral.
De ayer a hoy.
Con ayuda de encuestas y focus groups, el gobierno
entendió que la movilización del 1º de abril fue tan importante que constituyó
no sólo un respaldo sino también un mandato y que una porción significativa de
la sociedad estaba ahíta de paros, manifestaciones y piquetes, que Macrì dice
no entender justo ahora que la economía empieza a encarrilarse. La desmentida a
estas dos pretensiones no provino de los opositores sino del núcleo más próximo
al propio Macrì. Fue la Policía de la Ciudad la que estimó que quienes el 1º de
abril no llegaron a la Plaza de Mayo en colectivo ni impregnados por el humo y
la grasa del choripán no pasaron de 25.000, cantidad respetable pero mínima en
contraste con la que salió a la calle en las seis movilizaciones de marzo
adversas al gobierno. Y la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA
informó que la inflación en el mes de marzo fue del 2,9 por ciento, medio punto
más que el dibujo que el INDEC realiza con impunidad, dado que la gestión de
Cantinflas agotó toda capacidad de asombro (ver “Costos”). Esto implica un
aumento de los precios del 7,1 por ciento en el primer trimestre del año, y del
35 por ciento interanual de marzo a marzo. Esto ratifica que la pauta
inflacionaria fijada por el Banco Central quedará tan lejos de la realidad como
el año pasado. No hay forma de impedir que esto se refleje en el clima social.
“Es cierto que mucha gente de las clases medias
clama por orden. Pero lo mismo ocurría en 2002. [El senador a cargo del Poder
Ejecutivo Eduardo] Duhalde era un obsesivo de las encuestas y todas le decían
eso. Pero cuando la policía bonaerense asesinó en la estación Avellaneda a
[Maximiliano] Kosteki y [Darío] Santillán, ese clima de opinión se revirtió en
forma instantánea y los mismos que pedían represión repudiaron sus
consecuencias, con tanta intensidad que Duhalde debió acortar el mandato que le
había conferido el Congreso”, recuerda Oscar Laborde, quien en aquel momento
era intendente de Avellaneda.
Desde entonces la mecánica de contacto entre
organizaciones políticas, movimientos sociales y fuerzas de seguridad ha
permitido sortear ese riesgo, con pocas pero trágicas excepciones, como el
asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, por acción de una patota sindical que
desequilibró aquel diálogo nunca fácil entre manifestantes y policías, o las
refriegas en la Panamericana cuando un médico que se creía militar y un militar
que se disfrazaba de civil sublimaron sus conflictos de identidad en una lluvia
de balas de goma sobre manifestantes políticos y sindicales. La novedad es un
gobierno que privilegia el orden público sobre la seguridad ciudadana y que
tiende a ver la protesta en las calles como un acto criminal. Peor aún, que
considera que la represión es un buen argumento proselitista, con miras a la
decisiva elección legislativa de medio término. La idea de que una política de
ley y orden puede prevalecer en el cuarto oscuro sobre las consecuencias de una
estrategia económica que no consigue domar la inflación ni siquiera con tasas
de interés que inhiben la inversión productiva, hace prever un semestre
turbulento. Esto remite a los procesos electorales de fin de siglo, cuando
candidatos de distintos partidos hicieron campaña con sirenas de patrulleros y
ráfagas de metralla como sonido ambiental. Este curso de colisión fue revertido
entonces por una decisión del gobierno que asumió el 25 de mayo de 2003 y que
tres días después fue descripta así por el diario La Nación: “El presidente
Néstor Kirchner se puso ayer al frente de la solución del problema educativo y
viajó sorpresivamente a Entre Ríos para firmar un acuerdo con los gremios docentes
que permitirá reanudar y normalizar las clases desde hoy en todas las escuelas
de la provincia, muchas de las cuales no las habían comenzado desde el
principio del año lectivo”. Pudo hacerlo porque también decidió basar su
gestión en el crecimiento de la demanda agregada, con un estímulo incesante al
consumo. Ese es
el motor principal, que Macrì apagó en forma deliberada, desencadenando un
círculo vicioso de achicamiento del que sólo se exceptúan los precios y la
tentación represiva.
*****
Criminalizar
los Movimientos Sociales, las protesta social, es la respuesta más simple, de
alto riesgo social y político, y que atenta contra
los Derechos Humanos, como la respuesta más directa de los gobiernos de la gran
burguesía político-empresarial neoliberal. Represión, persecución política y
encarcelar a los principales dirigentes, con el objetivo de imponer miedo y terror
y al final lo único que consiguen es mayor UNIDAD DEL PUEBLO y mayor capacidad
de Lucha y reafirmación de la CONFIANZA de la CIUDADANÍA en la defensa de sus
Derechos atentados, vulnerados y destruidos por las clases dominantes y sus gobiernos
de turno.
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ARGENTINA. MACRI. A CRIMINALIZAR, A CRIMINALIZAR.
*****
Mario Wainfeld.
Página /12 domingo 16 de abril del 2017.
Violencia
contra la protesta pacífica, nuevos casos. Ataque a la Carpa Docente que hasta
Menen lo toleró. Divisiones en el Oficialismo, el nuevo arte de denunciar al
aliado- Avelluto promotor de consenso, en su contra. De cómo la política
económica y la acción oficial crean nuevos opositores. Y algo sobre la madre de
las bombas.
Espejito, espejito. El
gobierno se mira, analiza la manifestación del primero de abril, se supone
fortalecido. El presidente Mauricio Macri lee los diarios que lo aúpan y las
encuestas que paga. La fe del carbonero envanece y orienta definiciones
políticas. Se doblan muchas apuestas.
El oficialismo reprime de
noche a docentes que instalan una pacífica Carpa, sin necesidad de cortes de
tránsito que valgan como coartada. La policía jujeña golpea y arresta a
estudiantes dentro de la Universidad. La agresión a trabajadores que protestan por
despidos, suspensiones o cierres de fábricas son moneda corriente.
Las interpretaciones sobre
las movilizaciones son libérrimas. Dan para todo. Equiparar a la movida
macrista con el conjunto de protestas opositoras que se sucedieron en marzo
parece un delirio, un arranque de soberbia… pero es parte de la libertad de
opinión.
Las encuestas están
cuestionadas en casi todo el mundo como consecuencia de fallas en grandes
elecciones recientes. Ocurre porque esas predicciones, en un momento preciso,
se cotejan con los escrutinios, que son datos certeros. Las asimetrías se hacen
evidentes. Los consultores, criticados por los medios o por gentes de a pie,
echan mano a un haz de explicaciones. Teléfonos fijos que no expresan a toda la
población, una cosa es la foto y otra la película, cambios súbitos del talante
ciudadano, resultados muy reñidos, el margen de error, caramba. Etcéteras
varios.
Dictaminar sobre la
aprobación a un paro general o a la violencia policial es más aliviado para
esos profesionales, por no decir más impune. Salvo que se releve algo
inverosímil o imposible (un cero por ciento o un 104 por ciento de aprobación,
fabulemos) cualquier cifra carece de comparación fáctica certera.
- - -
Agrandar la oposición: Una
lectura política alternativa induce a observar que el macrismo amplía, todos
los días, la masa de damnificados por la política económica, tanto como la de
personas reprimidas.
Una grieta novedosa divide
al elenco gubernamental: funcionarios “del palo”, Ceócratas a carta cabal,
renuncian o son despedidos. Los propios cesanteados verbalizan sospechas o
hasta denuncias. Novedades del momento, alarmas que suenan.
Cada medida perjudicial
para intereses populares o sectores productivos dibuja crecientes círculos
concéntricos de perjudicados. La capacidad instalada ociosa (el 40 por
ciento medido por el INDEC-Todesca) se refleja en mucho más que industrias
cerradas y máquinas que no funcionan: detrás de todo hay gente.
Un joven universitario
encanado no es “el kirchnerismo”: es una persona cuyo círculo familiar sufre y
piensa. Por ahí, recapacita. La agresión tosca y salvaje sobre comedores
comunitarios impacta en la vida y el imaginario de centenares de personas.
Los números de la
economía, menos gaseosos que los de las encuestas, dan fatal. Poco para
jactarse, menos para “sumar”: acaso solo el blanqueo para evasores, lavadores,
fugadores y parentela de funcionarios.
El Gobierno se interpreta
convalidado, da rienda libre a las fuerzas de seguridad. Los medios dominantes
aplauden la oleada represiva mientras rezongan por la atrabiliaria gestión del
titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Dicho de una vez, sus medidas
solo serían explicables si su principal objetivo no fuera reducir la inflación
sino favorecer la bicicleta financiera. Por ahí, de eso se trata.
- - -
La ideología de los palos: La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, podía ufanarse el domingo pasado a la tarde por la suspensión de las huelgas docentes, decididas por los sindicatos tras consultar a sus bases.
La colocación de la
Escuela itinerante del Congreso fue una reacción civilizada, sistémica, un modo
de protesta con historia y no perjudicial para terceros.
La brutal respuesta del gobierno, la criminalización de la protesta social son repudiables. Funcionarios de postín alegan que la mayoría de los encuestados las convalidan. Es dudoso pero aunque fuera verdad no legitima el abuso de la fuerza pública. Los valores fundantes de la civilización están por encima de eventuales mayorías sociales. Ni la ética ni una ideología humanista son una rama subalterna de los sondeos de opinión.
La narrativa del
oficialismo fue confusa y acumulativa. Los abogados aconsejan no apilar
argumentos cuando se dispone de alguno muy sólido: la vulgata macrista juntó un
montón. Expresó que: a) no hubo represión, b) los castigados no eran docentes,
c) hubo golpizas pero no lastimados, d) algún docente contuso se vio pero los
policías sufrieron más. En fin.
En definitiva, el gobierno
de la Ciudad reconoció tácitamente su sinrazón. Habilitó la Carpa que
cobija un desfile de manifestaciones culturales y políticas que amplían el foro
democrático sin lastimar a nadie, sin obligar a asistir, sin interferir con los
“derechos de los demás”.
En su discurso de apertura
de sesiones ordinarias del Congreso Macri anunció un proyecto de ley agravando
penas para quienes agredieran a maestros. Hasta hoy es otra promesa incumplida
o diferida. Buena nueva para los funcionarios de Seguridad del Gobierno que, de
lo contrario, hoy podrían ser denunciados o procesados en base a esa norma.
- - -
Otra industria en la vereda de enfrente: El programa económico discierne pocos ganadores y un
montón de perdedores, incluyendo varias ramas de la actividad fabril. Es
consecuencia de un rumbo elegido, de un modelo de país. En estos días, el
oficialismo empujó “a la vereda de enfrente” a la industria cinematográfica,
sector que lo acompañaba.
El “casus belli”, valga la
expresión, fue el pedido de renuncia a Alejandro Cacetta, hasta entonces
presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La
eyección fue precedida por una operación mediático-servicial (de Inteligencia)
de baja estofa. La repulsa al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, resultó
rotunda. Empresarios, directores, actores, gestores o trabajadores de la
cultura se congregaron en una inédita asamblea y pidieron su renuncia. Motivó
reproches de celebrities de todo pelaje, comprendiendo a personalidades que
eran, hasta ahí, aliados y defensores públicos del macrismo. Referentes en
general, “formadores de opinión” como Juan Carlos Campanella o Adrián Suar.
La torpeza de la jugada es
consecuencia del afán de injuriar o calumniar (acusar de delitos) a cualquiera
que marque divergencias con la Casa Rosada o zonas de influencia.
Este cronista, profano en
la cuestión, se abstiene de formular vaticinios sobre los designios de la
operación en el INCAA. Se irán viendo. Para esta reseña semanal, basta subrayar
que el macrismo engrosa la lista de opositores, aún entre quienes le eran más
afines.
La renuncia de José Luis
Sureda, ex Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, apenas amerita unas
líneas. No moverá el amperímetro electoral aunque es síntoma de un fenómeno
mayor. Quien fuera “número dos” del ministro de Energía, Juan José Aranguren,
dio un portazo denunciando autoritarismo, sectarismo. Y marcando distancia con
el modo de manejar Vaca Muerta. Dicho en criollo: señalando una política que
favorece a Shell, la empresa a la que perteneció Aranguren, de la que
sigue siendo accionista.
El conflicto de intereses,
que también flameó cuando se hizo dimitir a Isela Constantini en Aerolíneas
Argentinas, es una constante en la gestión de Macri. Desde hace unos meses,
agrieta las relaciones dentro del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”.
- - -
Polarizar y reprimir: Cambiemos se
empeña en polarizar con el kirchnerismo como táctica electoral. Es una opción
posible, cuyo éxito se medirá en las urnas. El efecto devastador de la política
económica y la votación dividida en 24 padrones puede determinar que el
macrismo pierda votos respecto de la primera vuelta electoral de 2015 y que
estos no deriven al kirchnerismo sino a otras alternativas electorales.
Los analistas favoritos de
Cambiemos urden una ecuación rara. Si la inflación sube, aducen que la
contrapesa una denuncia contra Lázaro Báez. Si cierran fábricas, afirman que el
efecto sobre los perjudicados se anula mediante un procesamiento contra la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Peculiar vara de cálculo ese “plan
canje”, que subestima las vivencias e intereses concretos de los ciudadanos que
de ordinario son los que orientan sus votos.
El juego político, hasta
con chicanas o exabruptos, es parte del sistema. La tentación autoritaria
represiva, por el contrario, lo pone en jaque. El macrismo se encrespa y
endurece generando un riesgo sobre el que alecciona la historia de este siglo.
Los ex presidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde prácticamente pusieron
fin a su carrera derramando sangre de argentinos. El radical, cuando ya estaba
de salida. El peronista, cuando la venía piloteando y conservaba chances de ser
candidato a presidente electo y no interino. La intransigencia, la barbarie de
entornos ignorantes, la falta de sentido común contribuyeron a desenlaces
atroces.
Levantamos la guardia,
previendo la mala fe que domina las polémicas autóctonas. No estamos
profetizando que Macri caerá ni deseándolo. Es más, pasamos a proponer un
precedente para combinar estabilidad, gobernabilidad y transigencia con la
protesta social. Es el ejemplo del kirchnerismo que se contuvo, estableció
protocolos para prevenir desbordes de fuerzas de seguridad. Hasta contuvo su
propia suspicacia, el recelo contra acciones que estimó destituyentes, auto
limitándose. Así se hizo frente a Juan Carlos Blumberg, la revuelta “del
campo”, los cacerolazos por mencionar las acciones más críticas. Y en el caso
de las patronales agropecuarias, las más agresivas, expandidas y dañinas en
este siglo.
La paz interior es un
valor enorme. La delegación de funciones en las “fuerzas del orden”, una
defección de los funcionarios políticos.
Ya que estamos y como
comenzamos hablando de espejos, posiblemente Macri prefiera cotejarse con el ex
presidente Carlos Menem y no con Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Hete
aquí que el riojano admitió la instalación de la Carpa Docente por más de dos
años sin agredir a sus ocupantes.
- - -
Palos a la autonomía: Llovieron
recriminaciones por el avasallamiento de la autonomía universitaria en Jujuy,
desde un abanico muy amplio. Hasta la agrupación estudiantil radical Franja
Morada puso el grito en el cielo. Después de tomarse casi tres días y “medir el
clima” el gobernador jujeño Gerardo Morales se sumó a los cuestionamientos,
pidió disculpas a “los compañeros” y prometió investigar. Habrá que ver, no hay
grandes motivos para creerle de volea.
Es que la tropelía en la
Universidad “hace sistema” con otras medidas de Morales. La más grave es una
condena severísima, no firme, a Milagro Sala por ocupar una plaza a modo de
protesta. O sea, otra contravención castigada como si fuera un delito penal,
ilegalidad promovida y homologada por el Ejecutivo provincial.
El furor de la policía
jujeña es congruente con las políticas de estado de Morales. Tal vez al
gobernador le dé más escozor que se apaleen jóvenes estudiantes universitarios
que la persecución ilegal a una mujer de tez oscura, india, militante social.
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Del sectarismo a la penalización:
La iniciativa de reforma del Código Penal, ingresada al Congreso entre gallos y
medianoche, se agrega al combo: es inconstitucional y alocada. Tipifica como
delito la portación de objetos contundentes o la portación de pasamontañas. La
primera interpretación de la norma inquisitorial se deja en manos de las
policías bravas. También se abre el juego a fiscales con berretín de figurar o
a jueces mano duristas.
El designio político
oficialista es primero descalificar al adversario o al aliado crítico, llegado
el caso. En el borde, estigmatizarlo como delincuente, esto es expulsarlo del
sistema democrático.
El Estado tiene el
monopolio de la violencia legítima. Solo esa: la sometida a la ley. Una premisa sencilla de
enunciar, difícil de cumplir, que el macrismo burla cotidianamente, en escalada
preocupante.
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