domingo, 23 de julio de 2017

EUROPA: COMBATIENDO LA ESCLAVITUD EN LAS PLANTACIONES.

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ESCLAVITUD EN BRASIL, UN TRISTE RÉCORD EN LA OCTAVA ECONOMÍA DEL MUNDO.
Brasil, el mayor productor de café, emplea mano de obra esclava en sus plantaciones. Un problema ligado a los intereses de la Bancada ruralista, el grupo más poderoso del Parlamento.

Brasil, el mayor productor de café del mundo, emplea mano de obra esclava e infantil en sus plantaciones. Y peor aún, dos grandes multinacionales del sector, Nestlé, con sede en Suiza, y la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas mundiales de ese producto, eran consientes de esta situación y, por lo tanto, han sido cómplices de estos cultivadores esclavistas. Es lo que se desprende del estudio ‘Café amargo’, realizado por la ONG Danwatch.

Otro informe publicado este mes por Catholic Relief Services, la agencia internacional humanitaria de la comunidad católica de los Estados Unidos, en colaboración con la ONG Repórter Brasil, denuncia situaciones de trabajo forzado y esclavitud en 15 granjas que producen café. Los inspectores brasileños se encontraron con trabajadores agrícolas “sometidos a trabajos forzados y extenuantes, en condiciones degradantes, además de servidumbre por deudas”, lo que el Gobierno del país tropical considera condiciones análogas a la esclavitud”. En algunos casos, los trabajadores soportaban jornadas de 11 horas y vivían en casas sin baño, con un suministro de agua no apta para el consumo humano.

“Durante muchos años, las fiscalizaciones del Gobierno brasileño han estado centradas en el sector ganadero y en el área de extracción de carbón. Con el paso del tiempo, otras áreas rurales comenzaron a ser investigadas, como la producción de la caña de azúcar o la reforestación. Por esta razón, solo ahora tenemos acceso a datos sobre esclavitud en el sector del café”, explica a El Confidencial André Micalli Campos, investigador de la ONG Repórter Brasil, una organización fundada en 2001 por periodistas, científicos sociales y educadores para denunciar las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores.



BRASIL fue el primer país del mundo que, en 1995, reconoció la existencia del trabajo esclavo. Entre 1996 y 2014, unos 48.700 esclavos han sido liberados. En teoría, el artículo 149 del código penal brasileño considera un crimen someter al trabajador a condiciones degradantes, jornadas exhaustivas, servidumbre por deuda o cualquier tipo de trabajo forzoso. A pesar de las políticas públicas implementadas en el país tropical para combatir el trabajo esclavo, que han sido incluso reconocidas internacionalmente, muchos especialistas temen que Brasil esté emprendiendo un camino que le llevará a un retroceso. “La situación actual es muy preocupante. Los que trabajamos en esta área ni siquiera soñamos con conquistar nuevos derechos. El principal objetivo es no perder lo que ya conquistamos”, señala Micalli.

Curiosamente, algunos parlamentarios son responsables de implementar prácticas esclavistas, casi siempre amparados por la impunidad. El último caso ha saltado a la actualidad el pasado 3 de abril, en plena histeria pre 'impeachment'. Beto Mansur, diputado federal por el Partido Republicano Brasileño, ha sido condenado por el Tribunal Superior del Trabajo a pagar una multa de 200.000 reales (50.000 euros) por “daño moral colectivo”. Su delito: haber empleado mano de obra esclava e infantil en su hacienda de Bonópolis, en el estado de Goiás. La fiscalización ha detectado la presencia de trabajadores en condiciones precarias, alojados en barracones con techo de plástico y paja, que dormían sobre el suelo, sin baño y sin acceso al agua potable.


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EUROPA: COMBATIENDO LA ESCLAVITUD EN LAS PLANTACIONES.
Miles de personas migrantes explotadas por Empresarios sin escrúpulos.
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Giorgio Trucchi.

Rel-UITA.

Sábado 22 de julio del 2017.


El drama de miles de personas migrantes que trabajan en condiciones de semiesclavitud en las plantaciones de la península italiana va paulatinamente despertando preocupación en varios ámbitos de la vida nacional. La aprobación de una ley que castiga con fuerza la explotación laboral demuestra que sí es posible hacer algo para acabar con esta ignominia.

Largas y extenuantes jornadas de trabajo, salarios indignos, falta absoluta de las normas mínimas de seguridad e higiene, hacinamiento en las barracas donde viven, condiciones de precarización laboral absoluta, son solamente algunas de las graves violaciones que sufren los obreros agrícolas, en su mayoría migrantes, en las plantaciones italianas y de otros países de Europa.

Son miles de seres humanos explotados bajo el sistema de caporalato [1], cuyo sufrimiento enriquece tanto al capataz (caporale) que contrata la mano de obra, como el empresario agrícola que se desinterese de las condiciones laborales de estas personas.

Las zonas más afectadas son las regiones del sur de Italia, aunque el fenómeno ya se ha extendido prácticamente a todo el país. Son plantaciones de cítricos, tomates, manzanas, sandías, uva, hortalizas, pero también hay una fuerte presencia en el sector pecuario.

La mano de obra migrante empleada en las plantaciones proviene principalmente del Este Europeo (Rumania y Bulgaria), África del Norte (Marruecos y Túnez) y de Asia (Punjab/India). En menor cantidad de África Central (Senegal y Camerún).

La FLAI y la tutela de los derechos.- Contacto y mediación cultural. 

Ante una situación que se hace cada día más insostenible, la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (FLAI), que integra la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), ha iniciado un minucioso trabajo de contacto, mediación cultural y tutela de los derechos de los obreros y obreras agrícolas.

“Todas estas personas, incluyendo a los italianos, entran al mercado laboral de manera ilegal, es decir a través del caporalato. Y lo aceptan porque necesitan trabajar y no tienen alternativas”, dijo a La Rel, Pietro Ruffolo, coordinador para las políticas europeas de la FLAI.

Muchas veces este mecanismo perverso de explotación está relacionado con el crimen organizado y el control que las mafias tienen sobre los territorios y las actividades productivas. Para las trabajadoras esto se convierte en doble explotación: laboral y sexual.

De acuerdo con el último informe de la FLAI sobre la relación entre crimen organizado y agricultura (Agromafias y caporalato [2]), la infiltración de la mafia en la cadena agroalimentaria italiana y el control del sistema de caporalato generaría una economía oculta valorada entre 14 y 17,5 mil millones de euros.

Las personas sometidas a explotación en las plantaciones son entre 400 y 430 mil.

“El corazón de nuestra actividad está puesto en el contacto permanente con las trabajadoras y trabajadores para relacionarnos con ellos, escuchar sus problemáticas y necesidades, concientizarlos sobre sus derechos y la importancia de organizarse.

El paso sucesivo es lograr romper el miedo para que, con nuestro acompañamiento legal, denuncien los atropellos que sufren y hagan el primer paso para defender sus derechos”, explicó Ruffolo.

Una ley contra el caporalato.- Los empresarios son corresponsables.

Durante más de una década, la FLAI ha luchado para que se aprobara una ley contra el sistema de caporalato, que sancionara también a los empresarios coludidos con esta práctica delincuencial.

“En este sistema, el caporale y el empresario son igualmente responsables y deben ser castigados por sus acciones. Para nosotros era imprescindible que la nueva ley recogiera este principio”, manifestó el dirigente sindical.

La muerte, entre mayo y junio del 2015, de cuatro obreros agrícolas en el sur de Italia desencadenó una fuerte reacción social, que obligó a la clase política acelerar el proceso de discusión y aprobación de la ley.

En octubre del 2016, el Parlamento aprobó el texto definitivo que consta de 9 artículos, y que prevé la detención de 1 a 6 años para aquellos empresarios que se les haya responsables del delito de “explotación de mano de obra a través del uso de caporales”.

En caso de reincidencia en el delito o de violencia contra el trabajador, la pena se eleva hasta 8 años de cárcel.

De darse la detención del empresario, la actividad económica continuará bajo el mando de un interventor y los trabajadores podrán seguir desempeñando sus labores, pero asegurándoles las condiciones contractuales previstas por la legislación laboral.

“La ley está comenzando a funcionar y ya se han dado varias detenciones en diferentes regiones de Italia.

Ahora hay que defenderla, porque ya se está conformando un frente empresarial que presiona a sectores de la política para que se reforme e incluso se derogue”, concluyó Ruffolo.

Notas:

[1] Sistema de explotación de mano de obra irregular basado en la figura de un capataz ilegal, el caporale.



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