viernes, 15 de septiembre de 2017

ESPAÑA: POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO A DECIDIR. EL NEOMACHISTA DISCURSO DE LA DISCRIMINACIÓN MASCULINA.

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Dos Textos muy importantes, para su Lectura del día de hoy, vienen de España y nos analizan dos realidades diferentes,pero que están inmersas en el mismo escenario. Separatino y libertad de expresión,. como Derecho a Decidir. Y por otro lado el "Nuevo Machismo", que se instala en Estados Unidos ne forma abierta y"brutal" como también en otros países onde las ieologías neoliberales las fomentan y las imponen.

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ESPAÑA: POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, POR LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO A DECIDIR.

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Pedro Casas.

Rebelión viernes 15 de setiembre del 2017.


Un grupo de personas de diversos ámbitos de la sociedad madrileña, se está agrupando en las últimas semanas bajo el rótulo de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, con objeto de promover en Madrid el debate y apoyo a este derecho que consideran esencialmente democrático.

En un texto que han difundido con el título Por qué apoyar en Madrid un referéndum de autodeterminación, con ocasión del convocado en Catalunya para el 1 de octubre, afirman que
“no hay un ejercicio más democrático que llamar al pueblo para que libre y pacíficamente se exprese sobre su futuro, y por ello, desde una convicción profundamente democrática, es lo que corresponde apoyar en cualquier lugar. Defendemos por ello este referéndum, porque también exigimos que la población sea consultada sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el sistema del 78 surgido de una transición tutelada”.

En dicho texto, que está siendo apoyado por escritores, filósofos, catedráticos, activistas sociales y sindicales de Madrid, consideran que

“las multitudinarias manifestaciones de los últimos años o la participación de más de 2 millones de personas en la consulta del 9 de noviembre de 2014, muestran claramente el apoyo popular de este proceso, como confirman también todas las encuestas que cifran en torno a un 80% la población que se muestra favorable a la realización de dicha consulta para decidir libremente su futuro y su relación con el estado español, dándose este apoyo tanto entre las posiciones favorables o contrarias a la posible independencia”.

Con estas motivaciones, este colectivo convocó un acto titulado “En Madrid por el Derecho a Decidir” en la sala Terneras del complejo Matadero. Nada más darse a conocer, la Falange y el PP salieron al tiempo y en el mismo lugar amenazando contra la celebración del acto (los primeros con pintadas de “muerte al independentismo” y los segundos con presiones y recursos).

El juez D. José Yusti Bastarreche de la sala contencioso-administrativo de Madrid, de trayectoria franquista, no necesitó ni tres horas para dictar un auto que anulaba la cesión que el Ayuntamiento de Madrid había hecho del espacio a los organizadores. Dicho juez ni se molestó en pedir opinión a la parte demandada antes de emitir su auto-“ritaria” decisión, y además contra este auto no cabe recurso, tan sólo unas alegaciones.

En relación con el recurso y auto judicial merece la pena destacar dos aspectos que afectan al estado de derecho y libertades que pensábamos que disfrutábamos.
Dice el recurso:

“.. si lo que los convocantes del acto pretenden es reivindicar el derecho a decidir, es indiferente que lo hagan antes o después, precisamente, del uno de octubre, ya que ningún perjuicio se les deriva de una fecha u otra, y sin embargo es esencial para ellos que sea antes del uno de octubre, porque lo que se pretende es reivindicar la celebración de la consulta, e incitar a la participación”. Lo que pretende el PP (y ha conseguido) es que la justicia module políticamente los derechos fundamentales de libertad de reunión y expresión, según la conveniencia del momento.

El juez de Madrid se permite enmendar la plana al mismísimo Tribunal Constitucional (TC) cuando en su auto declara ilegal una ley (de referéndum catalán) que dicho tribunal solamente ha suspendido cautelarmente. Y declara que

“no es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del TC pueda contar con el apoyo de un municipio” lo que significa que no se pueden expresar opiniones contrarias a lo que la ley regula: Estado de excepción sin declarar.

Ante este atropello judicial los convocantes del acto han mostrado su decisión de mantenerlo el mismo día en un lugar alternativo, ya no sólo por el derecho a decidir, sino también por la libertad de expresión y por la democracia.
La reacción de la sociedad madrileña no se ha hecho esperar frente a este atropello, y son multitud las personas que se están haciendo eco de un acto cuya expectación se ha multiplicado por causa de este atropello político y judicial, ya que lo que está en juego no sólo es la posibilidad de que los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir, sino que todos los ciudadanos del estado español podamos ejercer nuestros más elementales derechos democráticos.
Antes de que ETA parase en su actividad armada, el Estado afirmaba que sin violencia se podía hablar de todo; poco tardaron en encarcelar a los que promovieron el cese de la actividad armada. En Cataluña el proceso se está llevando en términos pacíficos y democráticos, y el Estado se niega a hablar y negociar. Y en Madrid (y en otras ciudades) ya ni siquiera podemos juntarnos y hablar de estas cosas entre nosotr@s. Nos están poniendo muchos barrotes, de los que a veces no somos conscientes hasta que decidimos movernos y nos chocamos con ellos.
Termina el texto dado a conocer por los organizadores del acto,
“No caeremos en la trampa del enfrentamiento entre los pueblos, porque se trata de ejercer los derechos democráticos de unos y otros. Apoyaremos por tanto cuantas acciones sean necesarias para defender este ejercicio democrático y pacífico, y rechazamos cuantas medidas de veto e imposición se pretendan implementar”.

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Será realmente cierto, o es simplemente un discurso de campaña, siempre irresponsable, pero hoy lo vemos en toda su dimensión a mayor crtisis del neoliberalismo, - pareciera que su contra-parte - es el "nuevo Machismo" y su rersultado final el Feminicidio.
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NEOMACHISMO: EL NEOMACHISTA DISCURSO DE LA DISCRIMINACIÓN MASCULINA.

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Octavio Salazar.

El Diario.es

Viernes 15 de setiembre del 2017.

Decir que los hombres de este país (España) estamos discriminados no es solamente un ejercicio de machismo y de resentimiento, sino también de ignorancia.

Una de las consecuencias más terribles del caso de Juana Rivas – más allá de su drama personal, del laberinto procesal y de los muchos errores cometidos en su defensa y, por supuesto, de la constatación de las múltiples fallas de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de la violencia de género – ha sido el rearme de los discursos machistas y neomachistas que en los últimos tiempos han encontrado en las redes sociales un espacio ideal de expansión. 

Y hablo de neomachismo para referirme a todas esas construcciones ideológicas que usan aparentemente nuevos conceptos y paradigmas para en el fondo seguir defendiendo a ultranza los dividendos patriarcales. Unas construcciones que han ido incluso creando sus propios mitos, como el de las denuncias falsas, con los que pretenden armarse de razones. La figura de Arcuri se ha convertido, sobre todo para muchos hombres que son prisioneros de la ira y el resentimiento frente a unas mujeres que han sido capaces de plantarles cara y convertirse en sujetas autónomas, en una especie de héroe a través del cual están expresando toda una construcción ideológica que insiste en la victimización masculina y que supone una rearme patriarcal frente a las progresivas conquistas de nuestras compañeras. 

Arcuri ha acabo convertido, no sé si siendo él consciente del todo, en una especie de portavoz de todos esos varones que llevan más de una década argumentando contra la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; que han encontrado en el término “feminazis” el calificativo más facilón con el que desprestigiar a las que llevan siglos luchando por la democracia y que, por supuesto, encuentran todo tipo de aliados y de aliadas, a veces en los lugares más insospechados, en la cruzada contra lo que ellos llaman la “ideología de género”.

La gran paradoja de los discursos de estos individuos, y de algunas individuas que son cómplice de ellos por acción u omisión (que también las hay), es que son precisamente sus pretendidos argumentos los que nos sirven de prueba evidente de la pervivencia del patriarcado y la urgente necesidad, todavía hoy, de articular mecanismos legales y políticas públicas para erradicarlo de la faz de nuestras democracias. Solo desde una reacción patriarcal y profundamente machista es posible soltar eso de que los hombres en este país estamos discriminados, como ha manifestado el abogado del “héroe” italiano, justo además el día después de que todos hemos visto en los medios de comunicación las imágenes de la inauguración del año judicial en las que hemos podido constatar de qué manera continúa funcionando la cuota del 100% masculina. Unas fotografías que no solo tienen significado cuantitativo por la ausencia de las mujeres en la cúpula del poder judicial sino que también poden de manifiesto el freno cualitativo que supone seguir teniendo una judicatura androcéntrica y que reproduce con tanta facilidad sesgos machistas en la aplicación e interpretación de las leyes.

Decir que los hombres de este país estamos discriminados no es solamente un ejercicio de machismo y de resentimiento, sino también de ignorancia. Porque basta con analizar cualquier estadística, cualquier dato objetivo de la realidad, de esos que no son opinables, para constatar que seguimos ocupando una posición de privilegio y que ellas, nuestras compañeras, son las que continúan teniendo muchas más dificultades que nosotros para tener un trabajo digno, para ocupar posiciones de poder o en definitiva para construir autónomamente sus proyectos de vida. 

Todo ello por no hablar de las cifras que nos muestran el drama de las múltiples violencias que sufren y que no solo son las que podemos encuadrar en el tipo estricto de la denominada “de género” sino que tienen que ver con todas las que contribuyen a mantenerlas en un estado de subordinación. 


Es justamente ese estado de subordinación, que se traduce a su vez en múltiples discriminaciones que además se multiplican entre ellas, el que legitima que nuestro ordenamiento jurídico adopte acciones positivas, cuya finalidad no es otra, como bien ha justificado el Derecho de la Unión Europea y por supuesto nuestro Tribunal Constitucional, que remover los obstáculos que impiden que las mujeres puedan acceder a determinados bienes o al ejercicio de determinados derechos en igualdad de condiciones con nosotros. Tal y como además ordena el artículo 9.2 de nuestra Constitución. 

Un objetivo que lógicamente sería inalcanzable si aplicáramos la estricta igualdad formal de la ley ya que los resultados de ésta son injustos cuando el punto de partida de los individuos a los que se aplican son desiguales. Algo que parece evidente en el caso de las mujeres, si nos ajustamos, como antes apuntaba, a las estadísticas que nos hablan de su lugar en la sociedad. Unos datos que no son “ideología” sino el resultado perverso de una construcción de “género” que nos hace histórica y culturalmente desiguales en función de nuestro sexo. Y es justamente esa interpretación del principio de igualdad en la que se apoyó nuestro Tribunal Constitucional al enjuiciar la constitucionalidad de la LO 1/2004. 

Una ley que, recordemos, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. La interpretación del TC no deja lugar a dudas:

“ No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad” (fundamento jurídico 9º, STC 59/2008, de 14 de mayo). Una sentencia que no estaría de más que Arcuri y sus asesores jurídicos releyeran antes de decir barbaridades en los medios de comunicación y de lanzarse al heroísmo de cuestionarla, no sé bien a través de qué herramienta procesal, ante los tribunales italianos.

Un posicionamiento que huele a grito desesperado de sujeto que no se resigna a perder sus privilegios y que no ha entendido que los derechos humanos, como bien explica su compatriota Luigi Ferrajoli, no son otra cosa, o no deberían ser otra cosa, que “la ley del más débil”.

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Sobre el Autor: Octavio Salazar Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, investigador especializado en igualdad de género y nuevas masculinidades.

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